El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este jueves que, luego de Irán, su Administración se «encargará» de Cuba, en una jornada en que continuó su plan intervencionista con el anuncio de más sanciones unilaterales ilegales contra la isla, esta vez apuntando al presidente Miguel Díaz-Canel, organizaciones sociales y de la sociedad civil y familiares de la dirigencia cubana.

«Vamos a encargarnos de eso [Cuba] tan pronto como hayamos terminado [con Irán]. Me gusta hacer una cosa a la vez», afirmó el inquilino de la Casa Blanca, que desde enero pasado ha reiterado en varias ocasiones las amenazas de intervención militar contra la nación caribeña mientras ampliaba el andamiaje de medidas coercitivas unilaterales que refuerzan el bloqueo.

En sus declaraciones, en las que habitualmente tiende a proferir amenazas violentas o referirse a cuestiones de gravedad en tono ligero o antipresidencial, añadió: «Nos ocuparemos de la República Islámica de Irán. Y en cuanto terminemos, de regreso, haremos una breve parada [en Cuba]. Nos encargaremos de ello. Queremos echarles una mano».

Afirmó que «tenemos algunos planes muy buenos para Cuba» y que «tenemos que deshacernos» del Gobierno de La Habana, deslizando, además, el matiz electoral al señalar que «el 95% de los cubanos [en EE.UU.] votó por mí».

La resolución de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, inglés) impone «sanciones» a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución (organizaciones barriales), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (entidad de la sociedad civil) y Amistur, su agencia de viajes, así como a familiares del presidente Díaz-Canel y de Raúl Castro, expresidente y líder de la Revolución cubana, a quienes incluye en la «Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas».

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En mayo, ya el Gobierno de EE.UU. había fabricado una acusación judicial contra Raúl Castro, en un nuevo caso de judicialización política, manipulando el derribo en febrero de 1996 en el espacio aéreo cubano de dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate, asentada en Miami.

Ante este nuevo paso agresivo de Washington, dirigido a «reforzar el escenario de conflicto», el presidente Díaz-Canel publicó en X que «esta ceguera política se suma a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para perjudicar al pueblo cubano. La agresividad y la perversidad del Gobierno yanqui chocarán con nuestra determinación de afrontar los peores escenarios y resistir el embate imperialista«.

La nueva tanda de sanciones, denunció en la misma red social el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, «representa la última evidencia del plan intervencionista estadounidense para presentar a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos».

El ministro de Exteriores cubano subrayó que «cada acción estadounidense destinada a construir un escenario de conflicto entre ambos países estará condenada al fracaso» y enfrentará «unidad y determinación aún mayores por parte de nuestro pueblo».

En la misma jornada en que era «sancionado» por la Administración Trump, el presidente Miguel Díaz-Canel asistía en La Habana a la apertura de una nueva unidad de tratamiento ambulatorio en el Instituto Nacional de Oncología y Radiología (INOR).

«A pesar de la intensificación del bloqueo por parte de Estados Unidos y los enormes desafíos impuestos por el asedio energético, no detendremos nuestra determinación de proteger la salud de nuestro pueblo», publicó en X.

En abril pasado, la jefa del servicio de oncopediatría en el INOR exponía en una publicación en redes sociales los obstáculos y falta de insumos que provocan las medidas coercitivas de EE.UU. en el tratamiento a niños con cáncer en esa institución.

Al ofrecer datos y describir escenas diarias, la especialista también revelaba que el «descenso de la supervivencia de nuestros niños con cáncer se corresponde con exactitud asombrosa con los años más duros para Cuba, con las medidas de asfixia que se han venido incrementando».

Sobre el bloqueo energético, escribía que «sin electricidad ni transporte no es posible brindar asistencia médica. En nombre de nada puede afectarse la vida de un niño. Los médicos no hacemos milagros. Se necesita una infraestructura, recursos, medicinas, combustible».

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En el mismo mes, Francisco Piñón, coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, alertaba de que «tras varios meses de profunda crisis energética en Cuba, las consecuencias ya no son abstractas: se hacen patentes en el ritmo de la vida cotidiana» y que el costo más grave del bloqueo estadounidense «no sé mide en molestias, sino en salud».

Piñon se refería específicamente al efecto del cerco económico en el funcionamiento de hospitales y de servicios críticos como diálisis o tratamiento oncológico, atención neonatal e incubadoras y miles de pacientes en listas de espera de cirugía.

El funcionario de Naciones Unidas señalaba que médicos y enfermeros se esfuerzan por mantener funcionando el sistema de salud «en condiciones que supondrían un desafío para la atención médica en cualquier lugar», mientras los pacientes «esperan con incertidumbre, buscando una fecha para reanudar su tratamiento, como si la enfermedad pudiera suspenderse».

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Esa situación, generada por las crecientes restricciones externas y los limitados recursos internos, se ha agravado a niveles extremos con el bloqueo petrolero decretado por Trump en enero pasado, que impide la llegada de combustible a la isla y tiene severas consecuencias en la generación eléctrica, la actividad económica y, además de salud, otros sectores como educación, transporte, distribución de alimentos y abasto de agua e, incluso, la gestión humanitaria de Naciones Unidas.

Solo un barco de petróleo, el Anatoly Kolodkin, proveniente de Rusia, llevó crudo a Cuba en lo que va de 2026.

Al bloqueo petrolero, decretado mediante una orden ejecutiva basada en una declaración que calificaba a Cuba de «amenaza inusual y extraordinaria», se sumaron nuevas «sanciones» en mayo, con un fuerte carácter de extraterritorialidad (que por coerción o chantaje involucra indirectamente a terceros países en el bloqueo), y han hecho que compañías internacionales como Sherritt, Iberia, Meliá, Iberostar y Blue Diamonds cierren total o parcialmente sus operaciones en la isla.

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