Organizaciones sociales de Ecuador solicitaron este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios de recolección de firmas para iniciar un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa ante la crisis de seguridad, despidos masivos, la crisis energética, la precariedad de la salud pública, el alza en el costo de vida y precarización laboral que padece el país.

El presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Leonidas Iza, y el vocero de la Plataforma Ciudadana por la Revocatoria de Mandato, Washington Andrade, ingresaron a la sede del ente electoral para formalizar la petición de los documentos indispensables y activar este mecanismo de democracia directa contra el gobernante y la vicepresidenta María José Pinto.

Los movimientos populares justifican la acción legal por la grave crisis de seguridad pública que azota a la nación suramericana, reflejada en altos índices de homicidios según estadísticas oficiales. Asimismo, los manifestantes denuncian los continuos despidos masivos de trabajadores, el incremento del empleo precario y los constantes retrocesos democráticos promovidos por la administración actual.

Durante la jornada, una multitud concentrada frente al organismo electoral en Quito expresó su rechazo a la gestión del Ejecutivo al grito de «¡Fuera Noboa, fuera!».

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La movilización recibió el respaldo de los conductores que transitaban por la zona, quienes hacían sonar las bocinas de sus vehículos en señal de solidaridad con la exigencia de justicia social, en momentos en que el país hace frente, además, a las consecuencias combinadas de un déficit de gasolinas y la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Esta acción de los movimientos populares marca el inicio de una nueva fase de resistencia civil frente al deterioro generalizado del país.

Las organizaciones sociales advierten que continuarán vigilantes en las calles para asegurar que el Poder Electoral entregue los formularios correspondientes que permitan habilitar el proceso constitucional de consulta popular.

Para que la iniciativa avance a una consulta popular, son necesarias las firmas del 15 por ciento del padrón electoral, es decir, dos millones de firmas válidas.

Según las organizaciones sociales las encuestas actuales determinan que más del 70 por ciento de los ciudadanos desaprueba la gestión gubernamental y más del 61 por ciento está dispuesto a firmar los formularios de revocatoria que deberá entregar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este ente se encargará de verificar las rúbricas para convocar a la votación obligatoria en las urnas.

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Segundo año más violento de la historia de Ecuador

Al menos 2.778 asesinatos fueron registrados en Ecuador en el primer cuatrimestre del año en curso, lo que equivale a un promedio de 23 homicidios diarios. Con estas cifras, el 2026 se perfila como el segundo año más violento de la historia del país, evidenciando la magnitud de la crisis de seguridad.

Estos números representan una reducción de 370 crímenes respecto a 2025, cuando se contabilizaron 3.148 asesinatos en el mismo período, según el informe del Ministerio del Interior.

El pasado 29 de abril de 2026 el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Juventud reveló que la violencia en Ecuador dejó 148 homicidios de menores entre 12 y 17 años durante el primer trimestre de 2026, equivalente a un asesinato cada 14 horas.

Expertos y organizaciones sociales insisten en que, más allá de la militarización, se requieren políticas integrales que otorguen oportunidades a los jóvenes frente al auge de las bandas criminales ligadas al narcotráfico. La violencia contra adolescentes refleja la expansión del crimen organizado en Ecuador, según análisis de actores sociales y académicos.

Más de 5.000 detenidos durante toque de queda

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció recientemente una supuesta disminución del 39 % en los homicidios durante mayo, tras la implementación de un toque de queda nocturno del 3 al 18 de este mes en diversas zonas del país para combatir el crimen organizado. La medida rigió desde las 23H00 (hora local) en nueve de las 24 provincias del país y en otros cuatro municipios.

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Durante el periodo de intervención, fueron detenidas 717 personas vinculadas a estructuras criminales, y cuatro objetivos criminales fueron abatidos, según los datos proporcionados por Noboa. En total, 5.023 individuos fueron aprehendidos, aunque la mayoría de estas detenciones se produjeron por el incumplimiento de la restricción de movilidad.

Según cifras oficiales, el país cerró el 2025 con más de 9.000 homicidios, la tasa más elevada de su historia reciente, mientras que en el primer trimestre de 2026 se registraron más de 2.700 asesinatos, evidenciando la magnitud del desafío que enfrenta la nación en materia de seguridad.

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