El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó este sábado su más enérgica condena ante el atentado terrorista perpetrado en el departamento del Cauca, Colombia, mediante un comunicado oficial, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, rechazó el ataque ocurrido este 25 de abril en el sector «El Túnel» del municipio de Cajibío, sobre la vía Panamericana.

El Ejecutivo venezolano calificó el suceso como un acto de violencia criminal que segó la vida de ciudadanos inocentes y dejó numerosos heridos, según el documento emitido en nombre del pueblo venezolano, este hecho constituye una flagrante violación al derecho a la vida y representa un ataque directo contra la paz y la estabilidad de la nación colombiana.

La administración de Rodríguez manifestó sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas fatales, asimismo, el Gobierno Bolivariano elevó votos por la pronta recuperación de las personas que resultaron heridas durante la explosión en la estratégica arteria vial del suroeste colombiano.

El pronunciamiento enfatiza la solidaridad de Venezuela con la hermana República de Colombia frente a actos que vulneran la tranquilidad regional. El comunicado, fechado en Caracas este 25 de abril de 2026, reafirma la postura de rechazo absoluto al terrorismo en todas sus formas.

¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia.

El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población.

Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío,…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó a los responsables como «terroristas, fascistas y narcotraficantes», y confirmó que el ataque mató a 14 civiles e hirió a otros 17, incluyendo a miembros de comunidades indígenas. Petro identificó a alias «Marlon» como el jefe de la operación y señaló a los frentes de alias «Iván Mordisco» como criminales de lesa humanidad.

El mandatario colombiano afirmó que estos grupos buscan el ascenso de la extrema derecha para facilitar sus negocios de cocaína y oro ilícito, y en consecuencia, ordenó la máxima persecución mundial contra la organización, incluyendo el rastreo de sus finanzas por la UIAF y la preparación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra sus cabecillas.

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