La muerte de la reconocida activista Monika Silva Koniuszek en Ecuador provocó una inmediata reacción de indignación en diversas organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y fundaciones de carácter nacional e internacional. Las agrupaciones civiles emitieron un pronunciamiento conjunto en el que exigen el esclarecimiento de las circunstancias de su fallecimiento mediante una investigación independiente.

Silva se desempeñaba como presidenta de la Fundación La Integridad, lideraba procesos comunitarios en la provincia costera de Santa Elena y abanderaba denuncias vinculadas a presuntos casos de corrupción institucional. Debido a su perfil fiscalizador, la defensora de los derechos de la naturaleza había alertado públicamente en reiteradas ocasiones sobre amenazas de muerte directas contra su integridad física.

La Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos sostuvieron que la inacción estatal dejó a la víctima en una situación de extrema vulnerabilidad. Ante este panorama, los colectivos demandaron que la Fiscalía General del Estado incorpore las denuncias que realizó en vida como la principal línea de investigación penal.

Cuestionamientos internacionales a las declaraciones del Ejecutivo

El cuerpo de la activista fue hallado sin vida el pasado lunes 8 de junio en el interior de su residencia ubicada en la localidad de Montañita, abriendo un complejo escenario judicial. El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, emitió declaraciones preliminares donde sugirió la hipótesis de un presunto suicidio, generando rechazo en los sectores de la sociedad civil.

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El integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, Juan Pablo Albán, calificó de irresponsable el pronunciamiento anticipado emitido por la cartera del Interior. El experto internacional argumentó que estas afirmaciones desde el poder político pretenden predeterminar las conclusiones e interferir en la autonomía de las funciones de la Fiscalía.

Por su parte, delegaciones diplomáticas de la Unión Europea formalizaron un llamado público para que el Estado garantice un proceso de verificación transparente y apegado a los protocolos internacionales. El interés de la comunidad internacional se sustenta en el notable incremento de campañas de hostigamiento digital, intimidaciones y persecución judicial contra activistas anticorrupción.

Finalmente, las organizaciones firmantes, entre las que destacan Surkuna y Amazon Frontlines, advirtieron que permanecerán en condición de vigilia permanente ante el desarrollo de las diligencias forenses. Los portavoces indicaron que permitir la impunidad en este caso constituiría un mensaje de amedrentamiento hacia los liderazgos populares de la región andina.

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