La planificación logística y de seguridad para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la polémica. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, utilizó la retención de fondos públicos como mecanismo para obligar a la ciudad de Houston a modificar sus normativas de protección local y colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Para garantizar el despliegue de seguridad que exige un evento de la magnitud de un Mundial, la ciudad de Houston requería el desembolso de más de $110 millones de dólares en partidas estatales destinadas a la seguridad pública. Sin embargo, la administración de Abbott congeló estos recursos económicos, condicionando su entrega a que el Ayuntamiento de la ciudad eliminara sus normativas de «ciudad santuario».

Ante el riesgo financiero y la imposibilidad de cubrir los operativos policiales requeridos por la organización del torneo, las autoridades municipales cedieron a la exigencia del estado. La decisión tiene un efecto inmediato: la policía de Houston ya no tendrá restricciones para compartir información o asistir a las agencias federales en la detención y deportación de personas indocumentadas.

LEA TAMBIÉN:

España deja fuera a Morata y Carvajal de la lista del Mundial

Esta medida evidencia cómo los presupuestos destinados a la infraestructura y resguardo de eventos deportivos internacionales pueden ser utilizados para doblegar la autonomía de los gobiernos locales, imponiendo normativas que afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población.

El caso de Houston sienta un precedente sobre el costo social de ser sede mundialista en contextos de tensión política. Los preparativos para la competencia deportiva han terminado priorizando la agenda de control migratorio del gobierno estatal sobre los derechos humanos de la clase trabajadora que reside en la ciudad sede.

EN ESTA NOTA: