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La Cuestión Malvinas cobró en los últimos años una relevancia de carácter geopolítico en la conciencia de los países de América Latina por el peligro que implica la militarización del Atlántico Sur, una zona de paz, por una potencia militar como es el Reino Unido.

 

La Organización de las Naciones Unidas en la Cuestión de las Islas Malvinas en la Resolución 2065 (XX) y subsiguientes de la Asamblea General, como un caso colonial “especial y particular” que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, la cual debe ser resuelta mediante negociaciones entre las dos partes, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas. 

17 colonias persisten en el siglo XXI.
10 del Reino Unido
3 de Estados Unidos
2 de Francia
1 de Nueva Zelanda
1 Marruecos y  Mauritania

Desde 1965, distintos órganos de las Naciones Unidas han adoptado más de 40 resoluciones llamando a las dos partes a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía. La Cuestión de las Islas Malvinas incluye también a las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La comunidad internacional en su conjunto llama reiteradamente al diálogo, a través de un gran número de resoluciones y declaraciones, no sólo de Naciones Unidas, sino de la Organización de Estados Americanos (OEA), el MERCOSUR, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), las Cumbres Iberoamericanas, las Cumbres de América del Sur con Países Árabes (ASPA), las Cumbres de América del Sur y África (ASA) y el G-77 más China (131 países), entre otros.

Todos los países de la región reconocen a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes como parte integrante del territorio nacional argentino y manifestan su rechazo a la ocupación británica en el sur del Continente.

Asimismo, la región rechaza las actividades unilaterales británicas de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en el área disputada, así como la presencia y ejercicios militares británicos.

Pese a que Londres se niega a cualquier negociación por la soberanía, el derecho internacional ha sido claro y en tal sentido se han expresado diversos bloques regionales para terminar con un anacrónico enclave colonial en pleno siglo XXI.

El derecho a la libre determinación no es un derecho reconocido a cualquier comunidad humana establecida sobre un territorio, sino únicamente a los pueblos. Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no son reconocidos como un “pueblo” por las resoluciones de las Naciones Unidas, es población británica trasplantada, a diferencia de los casos clásicos de colonialismo en que un pueblo preexistente es víctima de la instauración de una dominación colonial. 

El Reino Unido ocupó las islas en 1833 y expulsó de ellas a la población y autoridades argentinas que se encontraban ejerciendo soberanía. Procedió luego a llevar a sus propios colonos y a controlar ferreamente la política migratoria de un territorio aislado, al mismo tiempo que se negaba a solucionar la disputa. 

Es el gobierno colonial quien decide hasta el día de hoy la composición poblacional del territorio. Se trata de una reducida población cuya demografía no crece naturalmente, sino que es dependiente de las necesidades económicas y administrativas del gobierno colonial. 

De acuerdo a censos de las Islas Malvinas, los nacidos en las islas (44,7%) no constituyen la mayoría de la población y alrededor del 40% de los habitantes residen en las islas desde hace menos de 10 años. Sugestivamente, por primera vez en la historia, el censo del año pasado no menciona cuántos son los habitantes nacidos en las islas, ni la nacionalidad de sus habitantes. Cabe señalar, por otra parte, que las Islas Malvinas se encuentran entre los territorios más militarizados del mundo, teniendo en cuenta la proporción de efectivos militares (más de dos mil) y la población civil (2.563)

Ninguna resolución de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de las Islas Malvinas se ha referido a la libre determinación. Al contrario, la Cuestión es considerada como un caso “especial y particular” de descolonización, en el que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, la cual debe ser resuelta por negociaciones bilaterales, teniendo en cuenta los “intereses” (no los “deseos”) de los habitantes de las islas.

En 1985 la Asamblea General expresamente rechazó, en dos oportunidades, la inclusión de ese principio en las resoluciones sobre la Cuestión Malvinas. Más aún, las Naciones Unidas continúan instando con preocupación, año a año, a la reanudación de las negociaciones bilaterales para una solición pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

Desde 1966 hasta 1982 ambos países mantuvieron negociaciones y la Argentina hizo un gran esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las islas a través de medidas prácticas. Se contemplaron soluciones como la transferencia, la administración conjunta o el retroarriendo de las islas. Hubo documentos
redactados, acordados e incluso inicialados por los negociadores, en los que el Reino Unido aceptó reconocer la soberanía argentina.

La Cuestión de las Malvinas es una causa regional y global

La actitud intransigente de sectores con intereses económicos en las islas impidió una solución. Llama la atención que el Reino Unido haya negociado con una dictadura militar y no esté dispuesto a hacerlo ahora con un gobierno democrático y popular que ha condenado el conflicto armado y asigna un papel central al respeto por los derechos humanos.

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