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  • Las medidas represivas en España se han profundizado desde el fin de la dictadura. |Foto: AP
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    Las medidas represivas en España se han profundizado desde el fin de la dictadura. |Foto: AP

Desde el año 2011, cuando los españoles se lanzaron a las calles a protestar por la grave situación social, el Estado endureció sus políticas represivas. El miedo de Rajoy a la indignación popular radica en el fondo de las medidas.

El endurecimiento de las medidas represivas del Estado español contra las protestas populares recuerda la época mas oscura de la dictadura franquista. Es allí, en el Franquismo donde se encuentran las bases del actual sistema represivo español. El analista Luis Angosto sostiene que una de las herencias más sangrantes de la tan “ponderada” y “modélica” transición fue el mantenimiento casi intacto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado franquista.

Es por lo anterior, sostiene Angosto, que se explica que después de treinta y seis años de democracia "volvamos a ver escenas como las que nos niega la televisión y nos dan los medios digitales en las que se ve a funcionarios armados del Estado apalear con saña a ciudadanos que no han cometido delito alguno y no tienen para defenderse más que sus manos".

Después del surgimiento del movimiento 15-M "Indignados" en 2011, las calles de España estallaban con el poder del pueblo. En Madrid, por ejemplo, donde se inició el movimiento, cientos de miles inundaron la Puerta del Sol, en huelgas generales masivas y mareas de colores coordinadas (mareas de calle) para demostrar su indignación contra los recortes sociales del gobierno de derecha.

La durísima represión policial que se está produciendo en España contra todo tipo de protesta que se convoque, ya sea a favor de la República, en contra de los desahucios o de lucha contra las medidas económicas del Gobierno, ha encendido las luces rojas en organizaciones internacionales de derechos humanos. Para esas organizaciones, Rajoy y sus ministros de Interior y de Justicia, están convirtiendo a España en un Estado policial.

Así escrito suena excesivo que España sea un Estado policial, pero esa es también la denuncia de dos asociaciones de jueces y una de fiscales, organizaciones como Amnistía Internacional o Rights International Spain, unos ochenta colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito, cinco relatores especiales de Naciones Unidas y toda la oposición parlamentaria al PP. Demasiada gente cree que la reforma del Código Penal y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobadas el 27 de marzo de 2015, cercenan el Estado de Derecho. También 35 catedráticos universitarios que sostienen en un manifiesto que ese paquete legislativo bebe “de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”.

Estado policial sonaría excesivo si no fuera porque ese es el objetivo buscado, arrancar todo lo relacionado con el orden público de la esfera judicial para dejarlo en manos de la Policía. La técnica legislativa empleada es, más que sencilla, pedestre: en el reformado Código Penal desaparecen las faltas, infracciones leves que en torno a un 40 por ciento pasan ahora a ser delito mientras que el 60 por ciento restante quedan despenalizadas, afirma Luis Rodriguez, de Attac, España.

Esos actos despenalizados ya no constituyen materia penal, por lo que no serán sometidos al criterio de un juez. Pero pasan a estar incluidos en la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, lo que deja su sanción a criterio de la Policía, cuyos atestados decidirán la imposición o no de la correspondiente multa impuesta en vía administrativa por las Delegaciones del Gobierno. No hay sutileza alguna en la norma que con más énfasis ha impulsado el ministro del Interior,Jorge Fernández Díez: deja a los jueces casi sin competencias en materia de orden público/seguridad ciudadana mientras que el Gobierno asume la facultad de juzgar y sancionar a quienes participen en protestas callejeras… casi siempre contra las políticas del propio Gobierno.

Recientemente la joven española Belén Lobeto fue sancionada por dos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) por llevar un bolso de gatitos en el que se leía "All cats are beautiful" (todos los gatos son hermosos). 

El incidente ocurrió cuando Lobeto pasaba cerca del Estadio Vicente Calderón en Madrid (capital de España), lugar donde se disputó la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla.

Los representantes de la UIP aseguraron que el bolso tenía las iniciales de A.C.A.B. y, según ellos, son usadas por grupos de extrema derecha y en inglés significan ''todos los policías son unos bastardos''.

A Belén le aplicaron la Ley Mordaza, la última y mas sofisticada versión de lo que significa un Estado policial. El objetivo, sostienen activistas sociales, es acallar los movimientos que se lanzaron a las calles en 2010 en protesta contra la crisis que descargaron sobre los hombros del pueblo español.

Pero, cuales on los contenidos de la Ley Mordaza?

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (conocida entre los españoles como Ley Mordaza) limita los derechos civiles al prohibir, tajantemente, el derecho a la protesta pacífica o la reunión de personas o grupos políticos en espacios públicos o la difusión de mensajes, por cualquier vía, que vayan en contra de las políticas del Estado; por lo que la ciudadanía afirma que está especialmente diseñada para acabar con los movimientos sociales, que actualmente surgen en ese país.

La Ley Mordaza busca limitar la protesta, contempla que las faltas que antes debían pasar por un juez ahora se apliquen directamente a modo de multa administrativa por los propios agentes de seguridad.

Las faltas van desde leves, graves y muy graves. La Ley aumenta las sanciones económicas, aumenta el valor probatorio de los testimonios y denuncias de los propios elementos de seguridad. Ahora la palabra de los policías es considerada prueba suficiente para aplicar una sanción a menos que se presenten pruebas que demuestren que lo que sostienen es falso.

La ley mordaza condena “el uso no autorizado de imágenes” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Un ciudadano en España no podrá filmar a un agente policial cuando desaloje a una familia de su casa o ejecute algún desahucio, de lo contrario enfrentará multa o cárcel, dependiendo la gravedad de la falta.

Prohibido organizarse a través de las redes sociales:

Todos aquellos que organicen una protesta sin permiso e incluso aquellos que le den like (Me gusta) compartan o confirmen asistencia, o envíen mensajes contra instituciones del Gobierno o el propio Presidente de España, en cuentas en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, etc.,  serán castigados con multa o cárcel, dependiendo la gravedad de la falta.

Prohibido abandonar muebles viejos u objetos de gran tamaño en la calle:

Dejar sillas, mesas, muebles u objetos de gran tamaño junto al contenedor de basura,  así como la obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, llantas u otros objetos, que sirvan para impedir el paso peatonal, será castigado con multa o cárcel, dependiendo la gravedad de la falta.

Prohibido interferir con el desalojo de alguien:

La nueva ley prohíbe impedir a las autoridades que cumplan las resoluciones administrativas o judiciales. Esto implica, entre otras cosas, llevar a cabo desahucios. Impedirlos estará penado con multas de entre 601 y 30 mil euros.

Prohibido ocupar viviendas deshabitadas:

La ley mordaza establece penas de hasta 600 euros a aquellos que ocupen inmuebles que no sean suyos. Los indigentes no podrán morar en casas abandonadas o lugares que se encuentren deshabitados. También serán castigados con multas o cárcel a los que practiquen la economía informal. Se perseguirá a quienes permanezcan en lugares contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.

Prohibido colgar pancartas o banderas con mensajes políticos:

Queda terminantemente prohibido colgar cualquier tipo de pancarta, letrero o bandera con mensajes alusivos a protesta alguna, de lo contrario será castigado con multa.

Prohibido perder más de tres veces tu identificación:

Si perdiste más de tres veces en un año tu DNI (Cédula de identidad) o si te lo piden y no lo tienes, serás multado: “La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año”, será considerada falta leve (multas de entre 100 y 600 euros).

Prohibido pintar paredes o dañar instituciones públicas:

Los daños leves a mobiliario urbano como botes de basura, contenedores; así como agredir instituciones públicas o privadas queda terminantemente prohibido y será delito de daños.

Prohibido expresar opiniones que supongan una ofensa a España:

Las expresiones u opiniones que sean consideradas ofensivas contra España o contra el Gobierno de turno serán castigadas con multa o cárcel sea el caso. No se podrá pronunciar injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en  manifestaciones públicas debidamente autorizadas.

Prohibido jugar con lásers:

Apuntar a alguien con cualquier tipo de dispositivo, sobre todo apuntarle a conductores, policías o agentes de seguridad, corresponderá delito por lo cual se procederá a multar con 30 mil a 600 mil euros.

Con la Ley Mordaza se prioriza  la seguridad y estabilidad del gobierno español y no una sociedad más justa. Con estas medidas, la ciudadanía se define por la sospecha, el registro y control policíaco; cada ciudadano termina siendo un terrorista en potencia.

Como se suponía, La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana no ha pasado desapercibida entre los tuiteros españoles, quienes han expresado su indignación argumentando que el instrumento jurídico institucionaliza la represión, y se da una vuelta de tuerca para atemorizar a los ciudadanos en un Estado policial.


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