Sismo en Colombia de 5,6 en Tolima reaviva alarma tras tragedia de agosto
El movimiento provoco evacuaciones, daños estructurales y activo las alertas tras la tragedia del pasado mes de agosto.
Los organismos del Estado y la UNGRD mantienen la evaluación constante sobre el terreno para resguardar la seguridad de la población civil golpeada por los eventos naturales. Foto: EFE.
3 de noviembre de 2026 Hora: 12:51
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Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia a las 04:13 hora local de este martes 3 de noviembre de 2026, con epicentro en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, y una profundidad inferior a 30 kilómetros, según reportes consolidados del Servicio Geológico Colombiano (SGC).
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) notificó una persona lesionada en la zona epicentral tras el colapso de una pared residencial, mientras que en Quimbaya, departamento del Quindío, se registró el desprendimiento parcial de la estructura de una iglesia.
<El temblor generó al menos seis réplicas de magnitudes entre 2,1 y 3,5, con más de 4.500 reportes de personas que sintieron el movimiento en departamentos como Tolima, Valle del Cauca y en la capital, Bogotá, donde se registraron evacuaciones en conjuntos residenciales.
Las autoridades locales activaron los protocolos de emergencia; la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, decretó el inicio de clases virtuales en todo el departamento para evaluar la infraestructura escolar, al tiempo que en Chaparral se mantiene la alerta naranja debido a un enjambre sísmico persistente desde el pasado mes de septiembre de 2026, lo que llevó a pobladores a pernoctar en carpas por prevención.
Secuelas de la tragedia de agosto de 2026 y monitoreo técnico
La sacudida reavivó la alarma nacional a casi tres meses del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, departamento del Chocó. Aquel evento dejó un saldo trágico consolidado en octubre de 335 fallecidos, 103 personas desaparecidas, 4.516 heridos y cerca de 500.000 afectados, provocando el colapso de edificaciones en urbes como Cali y Pereira.
Especialistas del SGC precisaron que en Chaparral la actividad sísmica responde a un comportamiento de enjambre caracterizado por la ausencia de un sismo principal dominante, aclarando que no se comprueba una relación causal directa entre el evento telúrico actual y la tragedia de agosto.
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Los organismos del Estado y la UNGRD mantienen la evaluación constante sobre el terreno para resguardar la seguridad de la población civil golpeada por los eventos naturales. Por otra parte, a principio de octubre, la Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó al Gobierno nacional ampliar de manera urgente la atención integral a las personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.
El organismo formuló el requerimiento directamente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), demandando la reapertura del registro de afectados y la expansión de la asistencia institucional en los municipios impactados, tras advertir que persisten trabas burocráticas que impiden a familias vulnerables acceder a los auxilios estatales.
La institución fiscalizadora enfatizó que «la recuperación debe contemplar soluciones de vivienda, acceso a salud, educación y medios de vida», al tiempo que exigió mecanismos reales de participación comunitaria y transparencia absoluta en la ejecución de los fondos públicos destinados a la emergencia.
Según los balances oficiales, la tragedia de agosto dejó un trágico saldo de 335 personas fallecidas, 4.516 heridas, 103 desaparecidas y un total de 489.862 personas afectadas pertenecientes a 305.791 familias en 500 municipios de 16 departamentos del país.
El pronunciamiento defensorial alertó que los fenómenos naturales catastróficos profundizan las brechas de desigualdad preexistentes, castigando con mayor rigor a las comunidades rurales y sectores urbanos marginales.
El organismo sostuvo que la respuesta del Estado no debe limitarse a la contingencia inmediata, subrayando que «la respuesta institucional no puede limitarse a actuar cuando la emergencia ya ha ocurrido», por lo que resulta indispensable integrar la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial y aplicar medidas de adaptación frente a la crisis climática.
La Defensoría instó además a consolidar un marco normativo que proteja los derechos fundamentales de la población desplazada por desastres ambientales o que requiera reubicación concertada. El ente recalcó que el Estado debe garantizar condiciones dignas en los alojamientos temporales, asegurar el acceso continuo a los servicios básicos y proporcionar información clara, previniendo que la gestión de la crisis sea utilizada para vulnerar los derechos del pueblo colombiano.
Autor: teleSUR - lf - JML
Fuente: Agencias
