La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este lunes que aproximadamente 500 indígenas del departamento de Chocó (noroeste, en la costa del Pacífico) se han visto obligados a desplazarse forzosamente debido a la presencia y las disputas de grupos armados ilegales.

La institución advirtió sobre la gravedad de esta crisis humanitaria que afecta de manera directa a los habitantes de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, municipio de Nuquí, quienes tuvieron que abandonar su territorio ante el temor generalizado generado por la violencia.

A través de un comunicado, la Defensoría detalló que entre las personas desplazadas se encuentran niñas, niños, mujeres, personas mayores y autoridades tradicionales. De acuerdo con la información disponible, las familias permanecen temporalmente refugiadas en Jurubirá, una comunidad afrodescendiente, «sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal de Nuquí», debido a las complejidades de seguridad en la zona noroccidental del país.

Esta emergencia humanitaria ocurre apenas dos días después de que la entidad advirtiera sobre el deterioro del orden público. Mediante un oficio de consumación del riesgo asociado a la Alerta Temprana 009 de 2024, la Defensoría señaló el agravamiento de las condiciones de seguridad en la zona, una situación que se evidenció tras «el hallazgo de dos personas asesinadas y el presunto secuestro de una tercera en el sector de Villa Nueva».

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El trasfondo de esta crisis radica en una fuerte disputa territorial entre estructuras armadas al margen de la ley. La institución precisó que la confrontación entre el Clan del Golfo (autodenominado EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales, la vida y la estabilidad de las comunidades étnicas que habitan ancestralmente esta subregión del Chocó.

Asimismo, el organismo de control reveló su profunda preocupación ante la posibilidad de que los perjuicios derivados de las afectaciones del orden público se extiendan a otras poblaciones vecinas. Según los reportes conocidos, «la comunidad de Puerto Indio, integrada por cerca de 300 personas, también estaría evaluando desplazarse ante las condiciones de inseguridad», por lo que resulta indispensable actuar de forma preventiva para contener nuevos éxodos forzados.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que, de manera articulada, garanticen la atención humanitaria inmediata. Esto incluye el suministro oportuno de «alimentación, agua potable, atención en salud y condiciones dignas de alojamiento temporal, con enfoque étnico y diferencial» para las familias que lo perdieron todo.

El organismo también instó a las instituciones a coordinar los medios de transporte fluvial y las medidas de protección necesarias para facilitar un traslado seguro, siempre y cuando las condiciones de seguridad y navegación lo permitan. Del mismo modo, exigió activar de inmediato las rutas de atención a víctimas y asegurar una respuesta institucional coordinada con las autoridades indígenas y las comunidades receptoras.

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Finalmente, la Defensoría solicitó la adopción de medidas urgentes de prevención y protección enfocadas en las poblaciones que todavía permanecen en sus territorios, con especial atención en Puerto Indio ante el riesgo latente de nuevos desplazamientos. Mientras tanto, el organismo confirmó que mantiene presencia institucional en Nuquí para realizar labores de seguimiento, verificación y articulación con las autoridades competentes.

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