Central Unitaria de Trabajadores de Colombia convoca paro nacional contra el ajuste fiscal
La CUT rechaza la Ley de Rescate Económico del Gobierno que impone mayores tributos a las mayorías populares.
Foto: @cutcolombia.
2 de noviembre de 2026 Hora: 15:23
🔗 Comparte este artículo
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) impulsa una jornada de paro nacional para el próximo 19 de noviembre de 2026 en repudio a la denominada Ley de Rescate Económico promovida por el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella.
El presidente de la central sindical, Nelson Alarcón, convocó a sectores laborales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles y populares a movilizarse masivamente en las calles para rechazar un proyecto de reforma tributaria que atenta contra el poder adquisitivo de la clase trabajadora mediante el gravamen de la canasta familiar y el aumento de los aportes al sistema de salud.
Alarcón denunció que la propuesta legislativa pretende transferir la carga fiscal hacia las mayorías populares mientras otorga exenciones tributarias a las corporaciones transnacionales y a las grandes élites empresariales.
El dirigente advirtió además que la normativa otorga facultades al Ejecutivo para desmantelar el aparato estatal, medida que amenaza con provocar la cesantía de más de 500.000 empleados del sector público, por lo que reafirmó el compromiso de la CUT de sostener la resistencia pacífica en las calles.
Resistencia popular frente al paquetazo neoliberal
Frente a los argumentos de la administración gubernamental, que justifica la reforma bajo el pretexto de estabilizar las finanzas públicas mediante el recorte del gasto social, diversas fuerzas sociopolíticas denunciaron el carácter fuertemente regresivo de la iniciativa.
LEA TAMBIÉN:
Sociedad civil colombiana expresa preocupación por ejercicios militares con EE.UU.
La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, expuso que el proyecto pretende elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5 al 19 por ciento en alimentos esenciales de la canasta básica como el café, el azúcar, las pastas, las frutas y las verduras.
La congresista señaló que los pretendidos mecanismos de devolución del tributo constituyen una maniobra engañosa ante la imposibilidad de acceso efectivo para la mayoría de la población trabajadora.
En la práctica, el ajuste fiscal ahondará la vulnerabilidad de millones de hogares colombianos que terminarán pagando costos elevados por insumos básicos de subsistencia, consolidando un esquema de despojo en favor del gran capital privado.
Este 14 de octubre de 2026, una multitudinaria jornada de movilización social convocada por centrales obreras, organizaciones estudiantiles, colectivos de derechos humanos, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida se desplegó en Bogotá y en las principales capitales de Colombia. En la capital, miles de manifestantes marcharon desde puntos estratégicos como el Parque Nacional y las universidades públicas a lo largo de la carrera séptima hasta converger en la Plaza de Bolívar, en rechazo a la agenda regresiva impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, al que las plataformas populares califican de ilegítimo tras las irregularidades registradas en los pasados comicios.
Las organizaciones denunciaron que el Ejecutivo busca desmontar las conquistas de transformación social alcanzadas durante la gestión de Gustavo Petro, imponiendo un esquema de austeridad que recorta programas básicos, desmantela la plantilla de personal de los servicios públicos y promueve un modelo extractivista volcado a la entrega de bienes comunes y minerales estratégicos a corporaciones privadas. Asimismo, rechazaron las tentativas de privatización en la educación pública mediante alianzas confesionales dirigidas a neutralizar el pensamiento crítico de la juventud.
Criminalización de la protesta y violaciones constitucionales
La jornada de protesta se desarrolla en un contexto de abierta estigmatización estatal, luego de que la administración de De la Espriella dictara un decreto tendiente a señalar como «terroristas» a los manifestantes para infundir temor y coartar el ejercicio de la movilización popular. Parlamentarios y líderes sociales advirtieron que esta norma vulnera el derecho constitucional a la protesta y anunciaron demandas ante las altas cortes, al tratarse de un acto arbitrario dictado al margen del Congreso.
A pesar de los intentos de amedrentamiento y los bloqueos normativos, los sectores populares mantienen la ocupación de las calles para frenar el viraje antilaboral y la entrega de recursos a favor del gran capital. Las centrales obreras y plataformas juveniles ratificaron que continuarán sosteniendo el pulso callejero frente a la avanzada neoliberal y autoritaria del régimen.
Autor: teleSUR - lf - JML
Fuente: CUT
