El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, admitió este lunes en una conversación informal en Palacio Real de Madrid que «la incursión no autorizada de tres buques de la Marina Real de Marruecos en aguas territoriales de Ceuta durante los días 30 y 31 de julio de 2026».  

La mencionada acción militar, consistió en el despliegue de navíos de guerra, durante el período pico de la severa crisis migratoria desatada tras el cruce masivo de más de 60.000 personas hacia la ciudad autónoma bajo la mirada de los puestos de control norteafricanos.  

El incidente escalo cuando, pese a las advertencias de la Armada española sobre una abierta violación de la soberanía marítima, los buques en cuestión retrasaron su comunicación tras la solicitud de identificación, según señalaron portavoces militares. 

El desplazamiento de las tres embarcaciones artilladas del pabellón marroquí provocó la activación inmediata de un protocolo de respuesta operacional por parte de la Armada de España con el fin de proteger el espacio marítimo que se adjudican.  

Inicialmente, las autoridades navales españolas habrían enviado solo un buque de acción marítima a las aguas jurisdiccionales ceutíes para interceptar las unidades extranjeras y evaluar el nivel de amenaza. 

Sin embargo, ante la persistencia de las maniobras marroquíes, junto a la presencia de cientos de migrantes en las rutas marítimas adyacentes, la Comandancia General reforzó el dispositivo de seguridad mediante el despliegue de la fragata Santa María y el posicionamiento preventivo del patrullero Navarra, evitando colisiones operativas directas con las patrulleras de vigilancia local. 

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Voceros castrenses recalcaron que la presencia naval marroquí representó una vulneración intencionada del perímetro soberano español en el norte de África. Por otro lado, el jefe del Ejecutivo señalo su opinión definiendo las maniobras del reino alauí como «hechos puntuales gestionados mediante canales militares de alto nivel entre ambas naciones». 

En este sentido, Sánchez advierte que su postura “busca amortiguar el impacto diplomático antes de la visita institucional de los reyes de España a Ceuta”. Aunque para los analistas militares “la maniobra marítima incrementó la fricción geopolítica en un momento crítico marcado por el desbordamiento absoluto de las capacidades ceutíes para la acogida de migrantes”.

En contraste, para Rabat la acción militar se suscribe en “las reclamaciones soberanistas históricas sobre las ciudades autónomas, considerando los viajes oficiales de la jefatura de Estado de España como actos de provocación territorial”; señalaron los voceros del reino marroquí en respuesta a las palabras de Sánchez.  

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A esta tensión se sumó el rechazo público del monarca Mohamed VI a los fallos judiciales de los tribunales españoles que frenan “la devolución exprés de menores no acompañados y solicitantes de asilo hacia territorio marroquí”. Asimismo, el mandatario agrego que “el modelo de cooperación migratoria con Madrid alcanzó sus límites definitivos”.  

En este contexto, el gobierno español aclara que, “pese al retorno forzoso de miles de ciudadanos tras el cruce masivo, cientos de ellos permanecen en Ceuta a la espera de resoluciones legales”. Y concluyen que “la incursión de las 3 naves de guerra consolida la estrategia de presión ejercida por Marruecos contra la soberanía española en el continente africano”. 

La incursión militar marroquí en aguas de Ceuta expone las recurrentes tensiones fronterizas entre la diplomacia de Madrid y la monarquía alauí en torno a la soberanía de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  

Según afirma el gobierno español, Marruecos, utiliza habitualmente la presión migratoria desregulada y las provocaciones operativas en los espacios marítimos como herramientas de coerción geopolítica frente a las autoridades ibéricas.  

Para el reino de España, la estrategia del reino norteafricano busca “condicionar la política exterior española”, forzando concesiones sobre el Sáhara Occidental y desgastando el control administrativo en los enclaves del norte de África.  

Aunque el discurso oficial sobre la solidez de la cooperación bilateral, el despliegue de unidades navales durante crisis de cruces masivos demuestra el uso estratégico del flujo de personas por parte de Rabat como un elemento de presión a Madrid.  

Para los analistas internacionales, el choque normativo generado por las sentencias del Tribunal Supremo español, que “exigen respetar las garantías del debido proceso en la repatriación de menores no acompañados”, han sido parte del detonante del deterioro de las relaciones bilaterales.  

En tanto, las autoridades en Rabat califican este escenario como un obstáculo para la gestión fronteriza, siendo la opacidad de los gobiernos europeos a la crisis migratoria al norte de África la causante de gran parte de los problemas de soberanía no resueltos debido a las pugnas de los poderes coloniales en la región.  

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