Un tribunal especializado en crimen organizado de El Salvador dio inicio a un juicio de gran magnitud contra 486 presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), señalados por su presunta participación en una amplia red de delitos, entre ellos haber dado la orden para que se cometieran al menos 86 asesinatos, perpetrados entre el 25 y el 27 de marzo de 2022.

Entre los procesados figuran 22 líderes históricos de la estructura conocida como la “ranfla”, así como más de 200 mandos intermedios y 152 coordinadores territoriales. El proceso judicial comenzó el lunes, aunque el acceso a la prensa se habilitó al día siguiente. La audiencia se desarrolla de forma virtual mediante conexiones en vivo con los centros de reclusión donde permanecen los acusados.

Según la acusación, los imputados estarían vinculados a más de 47.000 hechos delictivos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo más de 29.000 homicidios, además de feminicidios, trata de personas, extorsiones, desapariciones forzadas y actos de rebelión.

Las autoridades atribuyen a los acusados delitos como homicidio agravado, desaparición de personas, tráfico ilegal de armas, asociaciones ilícitas, privación de libertad y tentativa de homicidio. Asimismo, se les vincula con el delito de rebelión, bajo el argumento de que buscaban ejercer control territorial y consolidar una estructura paralela al Estado.

De acuerdo con la representación fiscal, este juicio marca un avance en la persecución penal, ya que en etapas anteriores se procesó a autores materiales de los delitos, mientras que ahora se busca responsabilizar a las estructuras de mando que habrían ordenado las acciones criminales.

Del total de encausados, 413 permanecen detenidos en distintas cárceles del país, entre ellas el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras que 73 se encuentran prófugos con órdenes de captura vigentes. Al CECOT fueron enviados meses atrás 252 migrantes venezolanos secuestrados por autoridades de EE.UU. y arbitrariamente deportados a la nación centroamericana. La penitenciaría es célebre por su historial de abusos y violaciones a los DD.HH.

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La Fiscalía sostiene que cuenta con un amplio conjunto de pruebas, entre ellas peritajes, testimonios y documentación, con el fin de sustentar los cargos y solicitar las penas máximas establecidas por la legislación. En ese sentido, cada acusado podría enfrentar condenas que alcanzarían hasta 245 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

El proceso también incluye a figuras clave de la organización criminal, como Borromeo Henríquez y Dionisio Umanzor.

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A pesar del avance de estos procesos judiciales, la estrategia de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele ha sido objeto de cuestionamientos por organizaciones de DD.HHJ., que denuncian la existencia de los llamados “falsos positivos”, término que se utiliza para describir detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, en las que personas sin vínculos comprobados con estructuras criminales —incluidos jóvenes y ciudadanos sin antecedentes— habrían sido arrestadas y presentadas como integrantes de pandillas.

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