La excandidata presidencial hondureña, Rixi Moncada, denunció públicamente a través de su cuenta en la red social X lo que califica como una sistemática «persecución política» y la conformación de una «criminal dictadura» en el país, luego de una serie de determinaciones adoptadas por el Congreso Nacional y el Poder Judicial.

​En su pronunciamiento, la dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre) cuestionó la separación abrupta de sus cargos de altos funcionarios de la institucionalidad del país, entre los que citó al fiscal general de la República, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, un consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

​Asimismo, Moncada fustigó la aprobación de la ley de despidos masivos de trabajadores estatales y una reciente contra-reforma que, según afirmó, entregará el manejo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a sectores de la banca y generadores privados.

​En su denuncia, la política hondureña vinculó las destituciones con decisiones judiciales recientes que considera irregulares. 

Entre ellas, destacó la sentencia absolutoria otorgada al expresidente Juan Orlando Hernández en el denominado «Caso Pandora», expediente promovido en su momento por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) por el presunto desvío de 282 millones de lempiras hacia los partidos Liberal y Nacional.

​»Es sospechoso que el principal testigo, que se encontraba privado de libertad, no compareció a declarar y fue puesto en libertad», aseveró Moncada, cuestionando la imparcialidad del fallo.

​Procesamiento del general Roosevelt Hernández y respaldo de Libre

​Como pilar de su denuncia sobre la criminalización de la protesta y la defensa institucional, Moncada rechazó el auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras de lo Penal contra el general Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto durante la administración de la presidenta Xiomara Castro.

​El proceso legal surge a raíz de querellas presentadas por cuatro periodistas, luego de que el alto mando militar utilizara la frase «sicarios de la verdad» para responder a acusaciones lanzadas contra su persona y las Fuerzas Armadas.

​»¿En qué parte del mundo se califica como conducta criminal defenderse de un falso ataque mediático? Defender la institucionalidad de las Fuerzas Armadas frente a la calumniosa difamación, carente de una tan sola prueba, es un derecho del agredido«, expresó Moncada.

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​La excandidata presidencial concluyó reafirmando el respaldo de su organización política al general Hernández, asegurando que existen «poderes fácticos» detrás del juicio en su contra, mientras que, a su juicio, quienes ejecutaron irregularidades en los procesos electorales gozan de protección y cargos diplomáticos con el aval del gobierno de Estados Unidos.

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