Organizaciones sociales de Ecuador impulsan la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, un mecanismo democrático amparado en la Constitución que permite la terminación anticipada del período de una autoridad elegida por voto popular. 

Esta iniciativa responde a un profundo descontento ciudadano frente a las políticas del Ejecutivo en materia de seguridad, economía y por la aplicación de recortes sociales que afectan a los sectores más vulnerables de la población. 

Para que el proceso avance a una consulta popular, los colectivos populares requieren el respaldo del 15 por ciento del padrón electoral, lo que equivale a la recolección de más de dos millones de firmas válidas. Este trámite legal solo puede presentarse formalmente después del primer año de gestión y antes del último año de mandato.

El vocero de la plataforma por la revocatoria de mandato, Washington Andrade, anunció que el próximo 5 de junio de 2026 presentarán las solicitudes simultáneas para iniciar el proceso tanto contra el presidente Daniel Noboa como contra la vicepresidenta María José Pinto.

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Andrade enfatizó que las encuestas actuales determinan que más del 70 por ciento de los ciudadanos desaprueba la gestión gubernamental y más del 61 por ciento está dispuesto a firmar los formularios de revocatoria que deberá entregar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este ente se encargará de verificar las rúbricas para convocar a la votación obligatoria en las urnas.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Guido Perugachi, denunció la sumisión del régimen a los organismos financieros internacionales. 

Perugachi fustigó que el Gobierno prioriza el pago de 12.600 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras la seguridad, la salud y la educación del país están en abandono absoluto. Esta postura resalta la perspectiva latinoamericanista de la lucha social frente a las políticas neoliberales.

La crisis del sistema público es ratificada por testimonios de la población en Quito. Ciudadanos denuncian que las decisiones del Ejecutivo golpean directamente a los más necesitados y que el presidente Noboa gobierna desconectado de la realidad a través de las redes sociales.

Madres cuidadoras de personas con discapacidad intelectual denunciaron que el actual Gobierno les retiró el Bono de Desarrollo Humano que recibían durante la administración de Rafael Correa, dejándolas en total desprotección bajo el argumento oficial de que no lo merecen.

Asimismo, los ciudadanos reportan una severa decadencia en los servicios del Ministerio de Salud Pública. Señalan de manera específica que en el Hospital Eugenio Espejo, el centro médico más importante del país, los familiares de los pacientes sufren el desabastecimiento de insumos y la falta de alimentación básica, recibiendo únicamente un pan en las mañanas. Estas situaciones evidencian un profundo deterioro en la calidad de vida de los ecuatorianos y fundamentan la demanda ciudadana por un cambio de gestión.

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