Estudiantes, pensionados y sindicatos se manifestaron este lunes en Barcelona por el derecho a la vivienda en la que se considera la movilización más masiva hasta el momento en esa urbe. Los manifestantes exigen limitación de precios de alquiler y la aplicación de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

La protesta se desarrolla en medio de la presión turística y los alquileres temporarios que obligan a pagar precios desorbitados de hasta tres veces el salario mínimo, convirtiendo la situación en crítica y provocando que el salario mínimo interprofesional no alcance para pagar una vivienda media en Cataluña.

Las protestas responden directamente al reciente desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que perdió su vivienda de toda la vida por la subida del alquiler, y al posterior rechazo en el Congreso de dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.

A pesar de los intentos de algunos partidos por encauzar el descontento con medidas consideradas insuficientes, los ciudadanos continúan en las calles pidiendo la profundización de las acciones para bajar los precios de los alquileres y acabar con el rentismo, con el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) liderando las protestas y la acampada en la Plaza de Cataluña hasta que los trabajadores accedan a una vivienda digna a precios populares.

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Los manifestantes entonaron consignas como ‘No se entiende: gente sin casa y casa sin gente’, ‘Maricarmen, ¡no estás sola!’, en solidaridad con la mujer de 87 años desahuciada de su casa que dio lugar al movimiento, o ‘Rentistas culpables, Gobiernos responsables’.

Ante este panorama y tras el rechazo de los reales decretos leyes —tumbados en el Congreso por el voto negativo de la derecha y la ultraderecha—, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió este lunes adelantar las elecciones parlamentarias al 29 de noviembre, mientras las tensiones políticas y sociales escalan en todo el Estado español.

En paralelo, los principales sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) acordaron convocar una huelga general de 24 horas para los próximos meses, una medida respaldada por su Propuesta Sindical Unitaria que incluye un decálogo con un pacto social y político, creación de un parque público de vivienda protegida, limitación de precios de alquiler y la aplicación de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

«Ahora ha empezado la legislatura de la vivienda y no nos marcará el paso un calendario electoral, sino que tenemos nuestro calendario y es ir hacia la huelga general en noviembre» enfatizó la portavoz del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas, en catalán), Carme Arcarazo.

La fecha exacta de este paro general se definirá junto al Sindicato de Inquilinas y las organizaciones sociales, interpelando a administraciones y empresarios a garantizar salarios suficientes (con propuestas de revisión salarial de entre el 4% y el 7% en el marco del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) para cubrir un bien básico.

La ola de movilizaciones no se ha detenido en Barcelona, ya que esta semana las calles de Madrid, Valencia, Bilbao, Oviedo, Almería, Badajoz, Salamanca, Cuenca, Logroño, Murcia, Teruel, Córdoba, Ourense y Pontevedra se han sumado a las protestas para exigir soluciones a la crisis habitacional y respaldar la convocatoria de la huelga general.

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