La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú emitió un contundente pronunciamiento en el que denunció el inicio de una persecución política y administrativa contra jueces del Poder Judicial y magistrados de la Corte Suprema. 

Bajo la premisa «Sin jueces libres no hay democracia», la organización alertó sobre el quiebre institucional y las maniobras legislativas orientadas a garantizar la impunidad de las fuerzas de seguridad del Estado.

​La alarma social se encendió tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de abrir procesos disciplinarios contra los magistrados que aplicaron el «control difuso», una facultad jurídica estrictamente constitucional que faculta a los jueces a inaplicar leyes de carácter ordinario cuando estas contradicen de manera directa la Constitución o los tratados internacionales.

“La reciente apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces supremos que, en ejercicio de su independencia, aplicaron la Constitución y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos constituye un grave precedente para el Estado Constitucional de Derecho”, denunció con firmeza la plataforma defensora de los derechos humanos.

​Freno a la impunidad por crímenes de lesa humanidad

​Entre los magistrados afectados por las investigaciones administrativas de la JNJ se encuentran los jueces supremos Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez. 

Este grupo de juristas determinó la inaplicación de la controvertida Ley 32107 en el marco del histórico juicio por las esterilizaciones forzadas ejecutadas sistemáticamente durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori.

​Asimismo, la ofensiva disciplinaria ha alcanzado a reconocidos magistrados de la justicia ordinaria como Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz.

​Ante esto, la Coordinadora fue tajante en la defensa de la jurisprudencia: “Ningún juez puede ser investigado o sancionado por el contenido de sus decisiones cuando estas se sustentan en el ordenamiento jurídico nacional y en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano”.

​Cuestionan blindaje penal a policías y militares

​Paralelamente a las presiones contra el funcionariado del Poder Judicial, la CNDDHH cuestionó con severidad la aprobación de una nueva ley que dispone que los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas sean procesados por el fuero militar-policial en determinados escenarios operativos. 

Para la organización, esta legislación desnaturaliza el carácter excepcional de la justicia militar y constituye un mecanismo encubierto de blindaje penal.

“Esta ofensiva se produce en paralelo con la aprobación de normas que amplían inconstitucionalmente la competencia del fuero militar-policial (…), permitiendo que hechos que deben ser conocidos por la justicia ordinaria, especialmente aquellos que involucran presuntas violaciones de derechos humanos, puedan ser desplazados hacia una jurisdicción que no ofrece las garantías de independencia e imparcialidad”, detalló el comunicado.

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​La organización concluyó su exhorto advirtiendo que la pérdida de autonomía en los tribunales pone al país en un escenario de extrema vulnerabilidad democrática. 

“Sin jueces libres de presiones políticas no hay tutela judicial efectiva, igualdad ante la ley ni democracia”, sentenció.

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