El presidente interino de Perú, José María Balcázar, vetó parcialmente este martes una ley que modificaba los límites territoriales del departamento de Moquegua (sur) en favor de Tacna, ante la posibilidad de que creciera un paro indefinido iniciado por la población afectada, el cual bloqueó carreteras, paralizó completamente el tránsito y obligó a la suspensión de actividades docentes.

La norma, aprobada por el Congreso, es considerada ilegal y amenaza directamente los recursos del canon minero esenciales para las comunidades locales. Esta acción del Ejecutivo, impulsada por la movilización popular, devolvió la norma al Parlamento para su reevaluación obligatoria. 

Balcázar solicitó correcciones técnicas para evitar el despojo de límites entre la provincia de Jorge Basadre en Moquegua y distritos de Tacna. 

La gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, afirmó que se logró el objetivo estratégico de la observancia de la ley. Enfatizó que el 30 de junio pasará a la historia como el día en que su pueblo levantó la voz con dignidad. Añadió que autoridades regionales sustentarán detalladamente los puntos técnicos ante el próximo Congreso bicameral, que asumirá funciones el 27 de julio. 

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La contundente paralización social, acatada masivamente, forzó el cierre absoluto del tránsito hacia esta importante región fronteriza, ubicada a más de 1.000 kilómetros de la capital, impidiendo el avance de la agenda parlamentaria. Además, se reportaron bloqueos de vías y las movilizaciones forzaron la suspensión de actividades docentes.

Los habitantes de Moquegua denunciaron que la ley representa una pérdida irreparable de sus territorios históricos y una reducción sustancial de los recursos económicos del canon minero en la zona de Quebrada Honda, en el distrito de Torata.

El paro indefinido, declarado formalmente a la medianoche de este martes aunque precedido de varios días de movilizaciones, consolida una serie de paralizaciones parciales convocadas por organizaciones sociales, gremios sindicales e instituciones locales.

Gutiérrez advirtió que el malestar social es comparable al «moqueguazo» de 2008, cuando hubo protestas masivas por la distribución justa de la renta minera. Las bases defienden no solo su suelo nativo, sino también los recursos naturales que legítimamente corresponden al pueblo moqueguano.

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