Representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec), así como integrantes de la Seguridad Indígena Amazónica (SIA) y de la Guardia Indígena, se concentraron frente al Congreso en Lima para exigir la aprobación inmediata de una normativa que defiende los derechos de las comunidades originarias y que corre el riesgo de ser archivada.

El Proyecto de Ley N.° 2062/2021-CR, que propone el reconocimiento de la SIA y de otros mecanismos de autodefensa de los pueblos originarios de la Amazonía peruana, no fue debatido por el Pleno del Congreso antes del cierre del periodo legislativo.

La iniciativa —que contribuiría a frenar el narcotráfico y la minería ilegal— pasará a evaluación de la Comisión Permanente durante el receso parlamentario. No obstante, las organizaciones indígenas consideran poco probable que sea discutida en esta etapa, debido a la amplia carga legislativa pendiente y a la prioridad que podrían recibir otros proyectos impulsados por distintas bancadas. De acuerdo con medios locales, el plazo de trabajo de aquella comisión vencerá el 15 de julio.

El presidente de Ceconsec, Teddy Sinacay Tomás, instó a los legisladores a respaldar la iniciativa y sostuvo que los pueblos indígenas continúan defendiendo la Amazonía frente a las actividades ilegales que afectan sus territorios.

Por su parte, la dirigente de Aidesep, Teresita Antazú López, advirtió que la falta de un reconocimiento legal debilita la capacidad de las comunidades para enfrentar amenazas como la minería ilegal y el narcotráfico, al considerar insuficiente la presencia del Estado en esas zonas.

La expectativa de las organizaciones se mantuvo durante la jornada legislativa del 24 de junio, cuando una delegación indígena ingresó al Congreso tras ser invitada. Sin embargo, después de muchas horas de espera hasta pasadas las 10 de la noche, la última sesión plenaria previo al receso legislativo concluyó sin que el proyecto fuera incorporado al debate, mientras se dio prioridad a otras normativas.

Antes de ingresar al Parlamento, Antazú López afirmó que los pueblos indígenas no buscan un favor, sino el reconocimiento oficial de las labores de protección que ya desarrollan en sus territorios ancestrales para resguardar a sus comunidades.

En ese sentido, expresó: “Nosotros, como pueblos indígenas, tenemos derecho a la seguridad y a defender la vida de nuestros hermanos y hermanas de las comunidades. No venimos a mendigar un favor; venimos a exigir que se reconozca formalmente el trabajo de protección que ya realizamos en nuestros territorios ancestrales”.

Los dirigentes sostienen que la Seguridad Indígena Amazónica desempeña un papel clave en la protección de los territorios frente a la deforestación, el crimen organizado y otras economías ilegales.

Sinacay Tomás recordó que la propuesta legislativa ya cuenta con un dictamen favorable y con un texto sustitutorio, por lo que —aseveró— “no hay excusas para seguir dilatando el debate”.

Las organizaciones también alertaron que, si la Comisión Permanente no analiza el proyecto durante el receso parlamentario, este será archivado y el proceso legislativo deberá comenzar nuevamente desde el inicio en el próximo periodo, lo que implicaría mayores dificultades debido a la entrada en funcionamiento del nuevo Congreso bicameral, que incorporará nuevas etapas al trámite de las iniciativas.

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Frente a este panorama, Aidesep y las demás organizaciones indígenas anunciaron que permanecerán en estado de vigilancia y reiteraron su exigencia para que la Comisión Permanente apruebe la propuesta.

También señalaron que, en caso de que el proyecto sea archivado, impulsarán nuevamente su presentación ante las futuras cámaras legislativas con el objetivo de fortalecer la autonomía, la protección de la vida y la defensa de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos.

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