La percepción de inseguridad en las zonas urbanas de México descendió en el mes de septiembre al 58,1 por ciento, alcanzando el nivel más bajo registrado desde que comenzó a implementarse la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana hace 13 años. Durante su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los datos oficiales elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El indicador cuantitativo reflejó una disminución estadísticamente significativa en comparación con el 59,8 por ciento reportado durante el mes de junio anterior, acumulando además una reducción considerable frente al 63 por ciento observado en septiembre del año pasado. La mandataria felicitó de forma pública a los integrantes del gabinete de seguridad, destacando la labor coordinada de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación.

A pesar de la tendencia descendente en las métricas nacionales, la jefa del Ejecutivo reconoció la existencia de una brecha de género marcada en la apreciación de los riesgos cotidianos, donde un 64,2 por ciento de las mujeres expresó sentirse insegura en sus ciudades frente a un 50,6 por ciento registrado entre los hombres. Ante este escenario, la gobernante enfatizó la necesidad de mantener esfuerzos diarios prioritarios para abordar la problemática social.

Consultada sobre la red penitenciaria del país, la mandataria detalló los planes existentes para la posible adquisición y conclusión del centro de máxima seguridad ubicado en el municipio de Papantla, Veracruz. La obra en cuestión fue proyectada originalmente bajo el modelo de asociaciones público-privadas durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y cuenta actualmente con un avance constructivo cercano al 90 por ciento.

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El Ejecutivo nacional instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto a los organismos competentes para realizar un avalúo financiero exhaustivo y revisar los montos cancelados previamente a la empresa constructora. La meta gubernamental orienta la finalización de la estructura para operar el recinto penal mediante un esquema de gestión pública transparente y directo.

Las autoridades buscan renegociar las condiciones contractuales del proyecto para garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado sin recurrir a esquemas de financiamiento privado gravosos. La iniciativa complementará el plan integral de infraestructura penitenciaria anunciado recientemente por el Gobierno federal para reforzar la contención delictiva.

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