La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó este martes 20 de octubre la orden de arresto emitida por la Fiscalía de Florida contra el expresidente cubano y General de Ejército, Raúl Castro y la calificó de «maniobra electoral» rumbo a los comicios estadounidenses de noviembre.

Este rechazo surge ante el anuncio del fiscal estatal de Florida, James Uthmeier, quien presentó el lunes 19 de octubre la imputación contra Raúl Castro, tomando en cuenta que estos cargos por conspiración para cometer homicidio en primer grado se remontan al 24 de febrero de 1996.

Ese día, aviones de combate de la Fuerza Aérea Revolucionaria cubana derribaron dos avionetas del grupo terrorista «Hermanos al Rescate», que habían ingresado sin permiso al espacio aéreo de la isla. El episodio dejó cuatro fallecidos, y el dirigente cubano ejercía entonces el Ministerio de Defensa.

Ante esta orden la presidenta de México durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, calificó la decisión del arresto como una «cuestión política» y descartó su validez jurídica. La acusación procura, según la mandataria, sumar respaldo entre los votantes estadounidenses rumbo a los comicios de noviembre. Fue concisa, pero firme.

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El caso de Florida corre en paralelo a la acción que presentó el Departamento de Justicia federal el 20 de mayo pasado. Para el Gobierno mexicano, ninguna de las dos iniciativas descansa sobre un criterio imparcial.

La extraterritorialidad judicial opera, en esa lectura, como un mecanismo de presión geopolítica y de propaganda electoralista, un asunto local proyectado sobre el tablero de la relación entre Washington y La Habana. La coincidencia temporal con la campaña refuerza, a juicio de México, la sospecha sobre su verdadera finalidad.

A juicio del Gobierno de Sheinbaum, el derribo de 1996 respondió a la defensa legítima de la soberanía y del espacio aéreo cubano frente a las provocaciones continuas de sectores extremistas asentados en Florida. Las aeronaves abatidas pertenecían a una red anticastrista con base en ese estado.

Durante tres décadas, el proceso permaneció fuera de la agenda internacional, hasta que el calendario electoral lo devolvió a la mesa.

Para la Administración mexicana, el expediente estaba saldado, y su reaparición obedece a motivos ajenos al derecho. Tres décadas separan el derribo de la imputación actual y la vía diplomática había mantenido el caso cerrado desde entonces.

Al separar lo jurídico de la contienda, la mandataria fue explícita, la acusación, advirtió, no responde a la búsqueda de un tribunal imparcial sino al cálculo político que se avecina en Estados Unidos.

Mientras México insiste en el respeto a la soberanía de los países latinoamericanos, la persecución judicial extraterritorial contra naciones de la zona figura entre las prácticas que más repudia la diplomacia mexicana. La misma postura ha marcado la relación de México con los procesos políticos del hemisferio en coyunturas anteriores.

La reacción ratifica una línea que la política exterior del país ha sostenido de forma prolongada. Con esta valoración, la administración de Sheinbaum reitera el rechazo a la injerencia extranjera y a las medidas coercitivas unilaterales.

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