Emiten orden de captura internacional contra exfuncionarios parlamentarios en Honduras
La justicia de Honduras persigue a Luis Redondo, Edis Moncada y exintegrantes del Congreso por resoluciones sobre la transparencia electoral de 2025.
La medida judicial se concretó tras expirar el plazo para la comparecencia voluntaria ante las imputaciones formuladas por el Ministerio Público. Foto: EFE.
23 de octubre de 2026 Hora: 17:03
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Un juzgado de Honduras emitió órdenes de captura con alerta internacional contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, en otra maniobra que sectores opositores denuncian como parte de una campaña para criminalizar a funcionarios y mecanismos que señalan irregularidades en los comicios de 2025.
La medida judicial se concretó tras expirar el plazo para la comparecencia voluntaria ante las imputaciones formuladas por el Ministerio Público, las cuales forman parte de un requerimiento fiscal interpuesto contra 14 exintegrantes de la extinta Comisión Permanente del Poder Legislativo.
La causa penal iniciada por la Fiscalía abarca un conjunto de 21 cargos dirigidos contra la antigua cúpula y miembros de la instancia parlamentaria, atribuyéndoles supuesta perturbación del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
Las acciones judiciales persiguen dos decisiones centrales del órgano legislativo: su propia instalación e institucionalización, y la subsecuente promulgación de un decreto soberano que disponía el recuento voto por voto de las elecciones generales de 2025.
La arremetida impulsada por sectores conservadores busca criminalizar los mecanismos institucionales empleados desde el Parlamento para auditar la transparencia de los comicios de 2025.
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La orden emitida por la bancada legislativa para verificar el escrutinio de las actas desafió las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) y desató la reacción de grupos de poder opuestos al control democrático de las urnas.
La activación de las alertas internacionales y la judicialización extendida a la pluralidad de exfuncionarios legislativos evidencia el uso del aparato punitivo para amedrentar la gestión de los órganos del Estado.
La persecución entablada sienta un peligroso precedente contra la potestad de los representantes del pueblo para velar por la legitimidad y transparencia de los procesos electorales en la nación centroamericana.
En septiembre, la excandidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, denunció públicamente la sistemática persecución política y la instauración de una dictadura judicial en Honduras.
La dirigente cuestionó las decisiones del Congreso Nacional y del Poder Judicial que derivaron en la destitución abrupta de altos funcionarios constitucionales, entre los que figuraron el fiscal general de la República, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Moncada también alertó sobre la aprobación de normativas dirigidas al despido masivo de empleados públicos y la contrarreforma energética destinada a entregar la gestión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a corporaciones de la banca y generadores privados.
En su análisis, vinculó la arremetida parlamentaria con fallos de impunidad emitidos por la justicia, destacando la absolución dictada a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el Caso Pandora, en el que se investigó el desvío de 282 millones de lempiras hacia los partidos de la oligarquía tradicional.
Autor: teleSUR - lf - DE
Fuente: Agencias
