Decenas de activistas sociales, gremios de trabajadores, organizaciones campesinas y movimientos estudiantiles volvieron a tomar de manera masiva las calles de la capital panameña para manifestar su rotundo rechazo a la intención del Gobierno de José Raúl Mulino de reactivar la explotación de la megamina de cobre de Donoso, mejor conocida como Cobre de Panamá, ubicada en la provincia de Colón (centro). 

La movilización civil se produce en un escenario de extrema tensión, a casi tres años de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara por unanimidad la inconstitucionalidad del contrato minero, obligando en su momento al cese total de operaciones. 

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La marcha principal, convocada a través de plataformas digitales por los colectivos ciudadanos “Sal de las Redes” y el “Movimiento Independiente Voluntad”, se desplazó desde la emblemática Iglesia del Carmen hasta la plaza 5 de mayo, en las inmediaciones del Órgano Legislativo. 

Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas contra las industrias extractivas metálicas a cielo abierto y dirigieron duras críticas a la actual administración de Mulino. 

​Las maniobras del Ejecutivo

El descontento de la sociedad civil se agudizó tras los últimos movimientos de la administración de Mulino. 

El Gobierno se había comprometido a entregar el informe final de una auditoría internacional contratada a la consultora SG Service para el pasado 29 de mayo; sin embargo, dicho documento nunca fue presentado públicamente. 

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En su lugar, durante una gira oficial por Grecia, el presidente grabó y difundió un mensaje televisado a nivel nacional anunciando la creación de un equipo interinstitucional de alto nivel encargado de evaluar el futuro del enclave. 

​Aunque la Presidencia y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostienen que este equipo buscará recopilar datos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales para tomar «la mejor decisión para el país» basándose en el importante peso de la minería en el Producto Interno Bruto (PIB), la ciudadanía ha respondido con inmediatas manifestaciones espontáneas en sectores como la Cinta Costera.

A la par de estos anuncios, el movimiento popular denuncia que la transnacional canadiense First Quantum Minerals (y su subsidiaria Minera Panamá) nunca han abandonado físicamente el sitio en la provincia de Colón. 

Amparada por un decreto ejecutivo emitido en abril de este año 2026 bajo el pretexto de un plan de «cuido y mantenimiento seguro», el Gobierno autorizó a la minera a recontratar personal para procesar, mover y exportar material mineralizado que ya había sido extraído del yacimiento, una acción que los ambientalistas califican como el inicio camuflado de la reapertura total para extraer cobre, oro, molibdeno y plata.

«El Ejecutivo está en abierto desacato»

Ante esta situación, Jorge Guzmán, coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), denunció con severidad las maniobras políticas implementadas por el Ejecutivo.

​»El presidente Mulino ha sido honesto en su posición de clase al defender el modelo neoliberal y el extractivismo, pero está gobernando en abierto desacato a una resolución unánime de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia dictada en 2021. Al anunciar que utilizará sus facultades como Ejecutivo aplicando el código minero para imponer la reapertura formal sin pasar por la discusión de la Asamblea Nacional, está emitiendo una declaración de guerra al pueblo», advirtió Guzmán.

Argumentó que las movilizaciones ciudadanas no responden a un capricho ideológico ni a un rechazo injustificado a la generación de empleos. 

“Es una actitud de conservación de la vida, de cuidado de nuestros recursos en el corredor mesoamericano y de respeto a la voluntad popular expresada en las calles”, puntualizó Guzmán, quien recordó que el pueblo plantea alternativas de desarrollo basadas en el turismo ecológico, el agroturismo y la agroindustria, que no impliquen que «las transnacionales acumulen riqueza mientras las comunidades locales acumulan muertes y devastación ambiental».

​Un conflicto que profundiza la fractura social

Mientras abogados adeptos a la línea gubernamental han intentado tumbar la Ley de Moratoria Minera vigente en al menos cinco ocasiones, juristas defensores del medio ambiente exigen al mandatario deponer los intereses corporativos.

Durante las manifestaciones, el reconocido abogado Silvio Guerra declaró a medios nacionales que «el país no quiere mina» e instó al presidente Mulino a «descender al calor popular» para entender el sentir general, garantizando que las convocatorias de protesta continuarán extendiéndose.

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A este rechazo se suman organizaciones campesinas del interior del país, las cuales ratificaron convocatorias de protesta regionales contra los proyectos de embalses en Río Indio.

Esta situación hace que Panamá se encamine a un nuevo período de parálisis civil si el Ejecutivo insiste en reactivar la explotación de cobre, desafiando la decisión histórica del 8 de noviembre de 2023 cuando la justicia constitucional cerró el polémico contrato de la Ley 406, la cual aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, empresa concesionaria que opera Cobre Panamá. Aquel fallo se produjo tras semanas de protestas masivas que paralizaron el país y culminaron con el cierre de la mina.

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