La presión sobre la población migrante en la frontera sur ha alcanzado de lleno a las organizaciones humanitarias, activistas y voluntarios que prestan asistencia básica en la ciudad autónoma.

La ONG No Name Kitchen ha denunciado públicamente una creciente ola de amenazas, agresiones físicas, bloqueos operativos y campañas de desinformación destinadas a criminalizar su labor sobre el terreno.

​Portavoces de la entidad explicaron que la hostilidad se ha recrudecido en las últimas semanas, especialmente tras las movilizaciones registradas a finales de agosto y principios de septiembre. 

En este contexto de tensión, la organización ha sufrido desde insultos verbales y golpes físicos hasta la detención de varias de sus activistas mientras registraban en vídeo intervenciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública.

​El último incidente documentado por No Name Kitchen ocurrió frente a su propia sede en Ceuta, cuando una patrulla militar obstaculizó durante aproximadamente dos horas el traslado de cajas con alimentos destinadas a personas vulnerables.

​Según el relato aportado por la ONG, un vehículo militar estacionó sobre la acera bloqueando el acceso a la puerta principal. Mientras las voluntarias intentaban retirar la comida por el escaso espacio disponible, los efectivos mantuvieron una actitud hostil que incluyó insultos, proposiciones de carácter sexual a una de las integrantes y el vertido deliberado de ceniza de cigarrillo sobre el hombro de otra activista, hechos que ya han sido elevados ante las autoridades judiciales.

​A esta situación se suman las acciones policiales registradas en puntos como la playa de Benítez, donde la Policía Nacional detuvo a activistas acusados de resistencia a la autoridad o de alentar supuestas protestas, intervenciones que la ONG califica como un intento de desmantelar la observación de derechos humanos en la zona.

​Campañas de desinformación, causas judiciales y más de 3.000 amenazas

​La ONG señala que la violencia en las calles ha sido impulsada por una campaña de señalamientos en redes sociales. Entre los episodios de desinformación más graves destacan que la organización fue acusada por creadores de contenido de repartir sprays de gas pimienta a migrantes, así como de realizar supuestas compras masivas de insumos en la cadena Mercadona para la fabricación de artefactos caseros y explosivos.

Tanto la cadena Mercadona como el Ministerio del Interior negaron de forma categórica la existencia de denuncias o investigaciones por suministro de explosivos contra la ONG. 

Sin embargo, formaciones políticas de extrema derecha como Vox anunciaron la solicitud de medidas legales e incluso la ilegalización de las actividades de No Name Kitchen en España.

La viralización de estos bulos se tradujo en un clima de linchamiento digital y físico, derivando en la recepción de más de 3.000 mensajes con amenazas explícitas de muerte dirigidos a sus voluntarios.

​Extensión de la hostilidad a entidades locales y racismo estructural

​El impacto de esta campaña de criminalización se ha extendido a otras entidades arraigadas en Ceuta, como la ONG Luna Blanca, dedicada al reparto diario de cientos de raciones de comida caliente. 

Portavoces de Luna Blanca denunciaron acoso telefónico e insultos contra el personal encargado del reparto, incluyendo agresiones verbales contra trabajadores españoles por motivos de discriminación racial o religiosa.

​»Hay islamofobia, porque están agrediendo a personas de aquí de Ceuta creyendo que son inmigrantes solo porque compartimos la misma fisionomía o religión«, denunciaron desde Luna Blanca, subrayando que las principales víctimas de esta espiral son las personas migrantes en situación irregular, quienes sufren agresiones continuas sin posibilidad de denunciar por temor a ser deportadas o represaliadas.

​Iniciativas en el Congreso y alerta por la convivencia democrática

​El escenario ha provocado reacciones en el ámbito político e institucional. Desde el grupo parlamentario Sumar se registraron preguntas dirigidas al Ministerio del Interior para aclarar los criterios bajo los cuales se está identificando y reteniendo a los voluntarios de las ONG, expresando una profunda preocupación ante la posible filtración de datos personales de los activistas a grupos organizados de extrema derecha. 

Paralelamente, en ciudades como Madrid se han convocado concentraciones para exigir la protección de los derechos humanos y el cese de las violaciones de derechos en la frontera sur.

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​Por su parte, analistas en sociología y política social de la Universidad de Murcia advirtieron en declaraciones a la prensa que el desplazamiento de la hostilidad desde los migrantes hacia los colectivos que les prestan auxilio representa un indicador grave del deterioro democrático, donde la asistencia humanitaria pasa de ser un objeto de debate para convertirse en blanco de persecución y expulsión del espacio público.

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