La Policía Nacional española trasladó este viernes a 1.700 migrantes desde las playas del Trampolín y de Benítez hasta el nuevo espacio de acogida temporal instalado en el puerto de Ceuta, en el marco del operativo desplegado por el Gobierno para atender la crisis migratoria registrada en esa ciudad autónoma.

El dispositivo comenzó alrededor de las 6:30 horas y se prolongó durante cinco horas. Los agentes condujeron a los migrantes por el paseo marítimo y por la carretera de servicio que conecta las playas con las instalaciones portuarias, ubicadas a aproximadamente dos kilómetros de los puntos donde se habían concentrado.

El operativo fue coordinado por la Policía Nacional, con la participación de 170 agentes, en su mayoría integrantes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), además de drones y otros efectivos. La Guardia Civil desplegó a 70 agentes para apoyar las labores de control y traslado.

Traslado desde las playas

Durante las primeras horas se registraron dificultades para movilizar a pie al elevado número de personas asentadas en las playas. Las autoridades estiman que más de 3.000 migrantes podían encontrarse en ambos espacios, aunque no existe una cifra exacta sobre la cantidad de personas que permanecían allí.

En las inmediaciones de la playa Benítez se produjeron momentos de tensión debido al desplazamiento simultáneo de numerosos migrantes. La Policía empleó porras y petardos como mecanismos de disuasión para controlar el flujo de personas y facilitar el desarrollo del dispositivo. Al finalizar la operación, fuentes del Gobierno aseguraron que el traslado transcurrió “con normalidad” y sin “incidencias destacables”. Según el Ejecutivo, los migrantes que no lograron ingresar al campamento regresaron de manera tranquila a las zonas donde permanecían antes del operativo.

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El Gobierno también señaló que el procedimiento estuvo marcado por un comportamiento “super cívico” de los participantes y sostuvo que no fue necesario incrementar el refuerzo policial previsto para la jornada. No obstante, las autoridades reconocieron que el despliegue enfrentó una dificultad adicional: el llamado “efecto llamada” provocado por la presencia de miles de personas que continúan en las calles de Ceuta.

El campamento quedó completo

Los primeros grupos llegaron alrededor de las 9:00 horas al muelle de Poniente del puerto. Las personas fueron divididas en grupos y avanzaron lentamente para facilitar el control de acceso y la identificación. A la entrada del centro de acogida temporal, los migrantes recibieron una pulsera como primer paso del proceso de filiación. También se verificó que no portaran objetos considerados peligrosos antes de permitirles el ingreso a las instalaciones.

El campamento cuenta con 1.700 plazas distribuidas en dos parcelas habilitadas con carpas. La primera zona dispone de 1.080 espacios, mientras que la segunda tiene 620. Para el mediodía, todas las plazas habían sido ocupadas y las autoridades colocaron un cartel con la indicación de “completo”.

Entre las personas trasladadas se encuentran menores de edad. Asimismo, la instalación ofrece alojamiento temporal, alimentos y agua, mientras las autoridades avanzan en los procedimientos de identificación y en la revisión de la situación administrativa de cada migrante. Fuentes gubernamentales sostuvieron que era “indispensable que estas personas estuvieran bien atendidas en lugares acotados para ser filiadas e iniciar los trámites de devolución”. Añadieron que el traslado del resto de los migrantes que permanecen en la ciudad continuará durante los próximos días.

Miles de personas siguen en las calles

El Gobierno estima que todavía permanecen en Ceuta entre 9.000 y 10.000 migrantes. Tras el realojo de este viernes, las autoridades calculan que entre 3.000 y 4.000 personas continúan en las calles, aunque estas cifras difieren de los cálculos realizados a mediados de agosto, cuando el Ejecutivo estimaba que quedaban unas 5.000 personas en la ciudad autónoma.

La crisis migratoria se originó tras la entrada irregular de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos durante los días 30 y 31 de julio. De acuerdo con la información proporcionada, la mayoría de quienes llegaron ya retornó al país norafricano, mientras otros permanecen en Ceuta a la espera de que se resuelva su situación de asilo, residencia o eventual devolución. Las personas que siguen en la ciudad se distribuyen en playas, calles, bosques y otros espacios públicos. El Gobierno sostiene que el objetivo de trasladarlas a centros de acogida es garantizar su atención y permitir que se completen los trámites administrativos correspondientes.

El ministro de Política Territorial y mando único para la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, Ángel Víctor Torres, calificó el operativo como un avance. “Hoy hemos dado un paso muy importante en Ceuta. Hemos trasladado, con éxito y sin incidentes relevantes, a 1.700 personas migrantes, desde las playas del Trampolín y Benítez a dos dispositivos en el Puerto”, escribió en un mensaje publicado en redes sociales.

Torres felicitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las instituciones que participaron en la operación. “Seguimos caminando para alcanzar la normalidad en Ceuta. Ese es nuestro compromiso y nuestro objetivo”, afirmó.

Críticas del sindicato policial

El sindicato policial JUPOL denunció las condiciones en las que, según su versión, trabajaron los agentes desplegados en Ceuta. En un comunicado, la organización advirtió sobre el riesgo que el Gobierno vuelve a generar para los policías debido a una supuesta falta de previsión. “Los agentes de la UIP están teniendo que afrontar nuevamente un dispositivo improvisado, sin medios ni planificación suficientes y en unas condiciones que comprometen su seguridad”, señaló el sindicato.

La operación se realizó después de que la Audiencia Nacional española suspendiera el jueves la prohibición cautelar que impedía trasladar al albergue humanitario a los migrantes que se encontraban desamparados en las playas de Ceuta.

La resolución judicial determinó que la medida “no está justificada” y autorizó a la administración española a trasladar a alrededor de 1.000 personas al campamento, donde tendrían acceso a alojamiento, alimentos y agua. El Sindicato Único de la Policía (SUP), mayoritario del gremio, había solicitado la prohibición del traslado por razones de seguridad para sus afiliados.

Los magistrados respaldaron la actuación del Ministerio de Transportes, que asumió el control del puerto para levantar el campamento humanitario. La decisión permitió continuar con el traslado de los migrantes asentados en la playa del Trampolín, entre ellos menores de edad.

Plan para ampliar la acogida

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su administración pretende construir hasta 10.000 plazas de acogida para afrontar la crisis humanitaria en Ceuta. La medida busca ampliar la capacidad disponible y atender a las personas que continúan deambulando por la ciudad y sus alrededores. El ministro Torres había celebrado previamente la decisión de la Audiencia Nacional y sostuvo que la disponibilidad de estos recursos permitiría acelerar la tramitación de los expedientes. “Cuanto antes estén esos recursos, antes podrán empezar los expedientes para la expulsión si no tienen derecho a permanecer en nuestro país”, declaró.

La crisis también llegó al Parlamento Europeo, que aprobó en Estrasburgo una resolución sobre la situación en Ceuta. El texto fue presentado por el Partido Popular español y recibió el respaldo del bloque de la derecha y la extrema derecha.

La resolución se refiere a las entradas irregulares desde Marruecos como una “invasión” y condena las “entradas ilegales masivas en Ceuta desde Marruecos, por vía terrestre y marítima”. Asimismo, califica la migración irregular como una posible herramienta de “guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”.

El traslado de este viernes permitió ocupar las 1.700 plazas del quinto espacio de acogida temporal instalado por el Gobierno en Ceuta. Sin embargo, la saturación del centro evidencia que la capacidad disponible continúa siendo inferior al número de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

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