Personalidades, activistas y colectivos cuestionaron la decisión del Gobierno de Bolivia de eliminar la subvención estatal al diésel mediante la entrada en vigor del Decreto Supremo 5716, el cual fijó su precio inicial en 17.95 bolivianos (1.83 dólares) por litro a partir de este sábado 19 de septiembre. La medida, anunciada por el mandatario Rodrigo Paz, sustituye el precio fijo tradicional, que brindaba certeza a las economías de los trabajadores y las comunidades, por un mecanismo de mercado indexado al costo internacional de importación y a considerar variables como transporte, almacenamiento y tributos.

La decisión, vista como contraria a los intereses populares, llegó tras presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el acuerdo de la Asamblea Legislativa de extender por otros 90 días el estado de excepción, acaso anticipando el rechazo social al «dieselazo». Según Paz, se busca recortar un gasto en subsidios que superaba los 2.600 millones de dólares anuales. Alegó que los recursos ahorrados serán reorientados hacia obras públicas.

Desde la oposición, el expresidente Evo Morales denunció que la supresión del subsidio y la prórroga de las restricciones constitucionales constituyen una imposición externa dictada por el FMI. Morales afirmó que el alza repentina de los insumos afectará de manera directa a los pequeños agricultores y desencadenará un incremento descontrolado en los precios de los alimentos básicos para la población, además de impactar otros sectores.

A juicio de Morales, el Ejecutivo amplió «el estado de excepción para imponer el dieselazo justo antes de la siembra de verano. No les importa que los pequeños productores no sepan de dónde sacar plata para comprar combustible, fertilizantes y otros insumos».

Añadió que «el Gobierno eligió descargar el peso del ajuste sobre quienes trabajan la tierra» en lugar de debatir públicamente la medida y adoptar políticas de protección social y estímulo productivo en vísperas del evento El Súper Niño. Aseveró que el Gobierno se subordinó al FMI y que el país no es dirigido por Paz sino por el Comando Sur de los EE.UU., que meses atrás dejó claro que le interesa controlar los recursos bolivianos.

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Morales también abordó el tema este sábado en otras dos oportunidades: durante un mensaje dirigido a la asamblea de la organización sindical agraria de productores de coca Central Isiboro. Añadió que EE.UU. está disputando el control de los recursos naturales bolivianos, y mientras participaba en en la inauguración de la Feria del Tambaquí, realizada en la Central Ayopaya de la Federación Carrasco, en el municipio de Puerto Villarroel, en el Trópico de Cochabamba. Al enfatizar en la justa preocupación popular respecto al «dieselazo», llamó a los trabajadores allí reunidos a continuar luchando sin rendirse.

Durante una reunión ampliada, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras, Josué Caricari, rechazó que el FMI ponga condiciones a Bolivia y empeñe el futuro de los sectores populares que —dijo— serán quienes paguen la deuda de 1.900 millones de dólares que supondrá el crédito del Fondo y otros 3.000 millones que brindarían demás organismos de crediticios.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), Aquilardo Caricari, cuestionó al presidente Rodrigo Paz por el «dieselazo» y lamentó que el Gobierno le haya mentido al pueblo cuando aseguró inicialmente que el Decreto Supremo 5676 afectaría únicamente a los grandes consumidores del combustible. Advirtió que eliminar la subvención generará negativas repercusiones en la población.

Las críticas se produjeron en el contexto de un amplio rechazo a decisiones de corte neoliberal y a los escándalos de corrupción dentro del Ejecutivo, entre estos las revelaciones sobre la relación entre Paz y el operador de ultraderecha Fernando Cerimedo. A inicios de 2026, el país hizo frente a intensas protestas tras el «gasolinazo», que el Gobierno de derecha trató de imponer a través del DS 5503. Meses después, en mayo-junio, encaró varias semanas de movilizaciones y bloqueos contra las privatizaciones, durante las cuales se exigió la renuncia del Gabinete. Las protestas aún prosiguen.

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La extensión del estado de excepción avalada por el Legislativo procura impedir el resurgimiento de bloqueos carreteros y protestas sociales. El Gobierno reclama a las organizaciones y movimientos sociales que promueven las acciones de lucha que amenazan la circulación y el abastecimiento.

En el ámbito monetario, el Banco Central de Bolivia fijó la cotización oficial del dólar en 11 bolivianos para el fin de semana y el próximo lunes 21 de septiembre, registrando un incremento de 99 centavos respecto a la jornada previa. Este comportamiento cambiario se enmarca dentro del régimen de flotación flexible instaurado por el Ejecutivo para equiparar la moneda nacional frente a las presiones del mercado de divisas.

El paquete de medidas económicas coincide con la formalización del acuerdo entre el Ejecutivo y el FMI por un crédito de 1.900 millones de dólares negociado a tres años. Críticos y analistas advirtieron que este pacto actuará como detonante para acceder a otros 3.000 millones de dólares adicionales provenientes del Banco Mundial, la CAF y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Entre otras futuras medidas, el Gobierno de Paz contempla el congelamiento de salarios en el sector público, el alza en las tasas de interés bancarias y la futura eliminación de subsidios a la electricidad y al gas domiciliario. Adicionalmente, el esquema compromete la liberación total de las exportaciones agrícolas y la revisión del marco tributario para captar divisas.

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