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  • Un sistema judicial que discrimina
Publicado 17 junio 2014

El conocido empresario mexicano Gastón Azcárraga era hasta hace poco tiempo dueño de un emporio económico. Poseía una cadena de hoteles de lujo y había adquirido, a precio de ganga, la más antigua, muy eficiente y prestigiada empresa Mexicana de Aviación. Consecuentemente, su condición de multimillonario y miembro destacado de la oligarquía azteca resultaba indiscutible.

Pero un día, por razones ignotas, inexplicables o incomprensibles, el célebre multimillonario decide incrementar su ya enorme fortuna mediante la comisión de distintos tipos de fraudes.

El primero consistió en obtener cuantiosos préstamos para capitalizar su empresa aérea. Sólo que destinó los créditos a incrementar su fortuna personal, lo que por esa y otras razones, condujo a la quiebra de Mexicana de Aviación. Esta conducta implicó no pagar a sus múltiples acreedores, no cumplir con sus obligaciones fiscales e incumplir los compromisos laborales que tenía con sus empleados y con los jubilados de la empresa.

Por si todo ello no hubiera sido suficientemente enriquecedor, se apoderó de los fondos de un multimillonario fideicomiso propiedad de los trabajadores de la empresa aérea.

Hoy Gastón Azcárraga es prófugo de la ley. Se encuentra en Estados Unidos, donde fue localizado por la Interpol, a disposición de las autoridades migratorias de ese país. El empresario ha solicitado asilo político a Washington con el fin de evitar su ya solicitada extradición a México. Y en cosa de semanas o meses se sabrá si la autoridad migratoria estadounidense le concede o le niega el asilo solicitado.

Hasta aquí el asunto no pasa de ser un caso de nota roja o policiaca. Pero la médula de la cuestión radica en saber si al empresario le podrán (o le querrán) probar los delitos que se le imputan y si, consecuentemente, recibirá la sanción establecida en el código penal.

La experiencia mexicana enseña que es muy improbable que el inculpado termine en prisión y, todavía más importante, que repare el daño económico cometido contra sus acreedores, el fisco y sus ex empleados. En México pueden citarse innumerables casos de impunidad plena para miembros destacados de la oligarquía.

Este es el centro de la cuestión. No es que la justicia mexicana sea particularmente ineficiente. Se trata más bien de un sistema judicial que discrimina por partida doble: la aplicación de la ley para los pobres que no pueden pagar el precio de la impunidad; y la aplicación de la ley para los oligarcas que han cometido el error de convertirse en adversarios del régimen.

Y este no es el caso de Gastón Azcárraga. Podrá ser un ladrón y el peor de los delincuentes, pero no es enemigo del sistema político mexicano. Y tampoco es el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, el tristemente célebre líder del PRI, hoy acusado de dirigir una red de prostitución con dinero público. Podrá ser un enriquecido lenón, pero no es adversario ideológico, político o partidista del régimen, de modo que también en él la impunidad está garantizada.

Casos muy distintos éstos a los de, por ejemplo, la antigua lideresa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo. Durante años se enriqueció desmedidamente al apoderarse del dinero propiedad de su gremio. Pero también durante décadas no hubo castigo. Y no lo hubo porque se trataba de una amiga, una compañera, un importante personaje del sistema político mexicano.

Bastó, sin embargo, que se indisciplinara, que se negara a obedecer las órdenes de Los Pinos y que amenazara con tornarse adversaria del régimen para que sufriera en carne propia los rigores de la persecución judicial y de la cárcel, donde todavía se encuentra.

www.miguelangelferrer-mentor.com.mx


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