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La brasileña, de 34 años, sumó este título al de los 100 y 400 metros.(Foto: Archivo)

La brasileña, de 34 años, sumó este título al de los 100 y 400 metros.(Foto: Archivo)

Publicado 15 abril 2014

La seguridad ciudadana, como eje discursivo y político es, transversalmente, el principal elemento de crítica frente a las administraciones de gobierno en buena parte de Latinoamérica y en ella, Argentina,  no es la excepción.

Bajo el mandato presidencial de Cristina Fernández, el tema de la seguridad pública se ha convertido en la primordial preocupación de las autoridades de gobierno y uno de los blancos de ataque a una administración a la cual se le acusa de inacción, permisividad y de propiciar la “falta de Estado” al no garantizar, como lo señala el exdiputado Kirchnerista y hoy devenido opositor a través del Frente Nacional, Sergio Massa “un gobierno que refrende el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley”.

Argentina presenta un panorama social, donde los reclamos por aumentos salariales, más y mejor educación, salud, transporte entre otros, han sido opacados por una fuerte ofensiva contra el narcotráfico, especialmente en Rosario, donde se han desplegado miles de efectivos de Gendarmería nacional, a lo que se ha sumado una docena de linchamientos y golpizas de delincuentes, pero también de inocentes, llevados a cabo por una masa enceguecida en ciudades como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba , la Rioja, Jujuy y la propia Rosario.

Acciones que a pesar de escaso número, aupado por una fuerte exposición mediática, despertó las críticas a las políticas de seguridad del gobierno de Cristina Fernández y la lógica defensa respecto a esgrimir razones enmarcadas en la exclusión social, la brecha entre ricos y pobres y la falta de expectativas sociales, como las principales razones que explicarían la aparición y desarrollo de la delincuencia.

El anatema de la exclusión social

Y mencionamos esa delincuencia marginal, como aquella que más se muestra en los medios de comunicación, a la que se hace referencia permanentemente, en encuestas sobre seguridad pública, sea en Argentina, Chile, El Salvador u otros rincones del mundo.

Pero no de aquella violencia más global pero no menos solapada, de privar a parte importante de la población del acceso a la modernidad, a la salud, la educación y otros derechos.

Derechos que suelen quedar ocultos tras el dominio del concepto y práctica de la violencia, como aquella única y exclusiva ejercida por delincuentes y no por aquellos que bajo el dominio del poder político, económico y de las armas suele practicar una violencia mucho más brutal que los robos, arrebato de carteras, violación de moradas o el micro tráfico de drogas; pues en general, el tráfico de tóxicos multimillonario, suele estar acompañado de la ligazón entre el poder político, la policía y los narcotraficante.

La mandataria argentina señaló que “el que se siente en la periferia siente que esta sociedad le soltó la mano".

Y cuanto mayor es el grado de exclusión, mayor es el grado de violencia, que es lo que queremos evitar,  sostuvo Fernández. Arropada en esta declaración, su Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich afirmó que los efectivos de seguridad nacional en el país superan los 100 mil efectivos, que al sumar los efectivos que poseen los gobiernos provinciales duplican la cifra consignada por Capitanich.

Defensa que para algunos analistas resulta débil, pues significaría que en diez años de Kirchnerismo ayer y Cristinismo hoy, con miles de agentes y fuerzas de seguridad, además de una política donde lo social ha sido el centro –al menos así verbalizado y con cifras de gasto para los sectores más desposeídos- no se ha podido detener la escalada de violencia, la inseguridad y sobre todo la percepción de inestabilidad en su vida social cotidiana que la población expresa como el principal problema a solucionar por el gobierno.

Y es aún más débil, cuando autoridades de gobierno, como el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, afirma ante la ola de linchamientos que “la gente ha reaccionado con cierto hartazgo porque la justicia no puede o no quiere hacer su papel”.

¿Explicará este argumento de Berni, las golpizas, llevadas a cabo por “vecinos enfurecidos y cansados de robos y asaltos” contra personas como el caso del joven David Moreyra, en la ciudad de Rosario, golpeado por una turba de 50 personas, que seguramente se sintieron amparados por declaraciones de políticos, medios de comunicación y encuestas de opinión surgidas al calor de los linchamientos? La responsabilidad en estos temas no es sólo del gobierno sino del conjunto de la sociedad

Moreyra, un albañil moreno de 18 años, murió al cabo de cuatro días por los golpes de pies y puños, que le ocasionaron un TEC y pérdida de masa encefálica, todo ello grabado por un celular de uno de los linchadores que festejó por facebook esta golpiza “a un chorro”.

Moreyra murió sin presunción de inocencia, sin juicio, sin que se comprobara su participación en un delito, simplemente golpeado por una turba, que en la masa desata sus pasiones y saca a relucir a aquel “enano fascista” que todos llevamos dentro y al cual hace referencia el Periodista y director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez.

Para Horacio Verbitsky de Página 12, seguramente no se explicará esta golpiza y menos la lucha contra la delincuencia en Rosario –una de las ciudades donde se han generado al menos 4 linchamientos- porque existe una imbricación entre políticos, empresarios y policías el desembarco de Gendarmería en los barrios rosarinos puede traer un alivio subjetivo al vecindario.

Pero si el Estado federal comparte con las autoridades provinciales los datos de sus investigaciones, es probable que sólo se incrementen los golpes sobre los denominados Bunkers del menudeo, en los barrios más pobres de Rosario, engrosando la superpoblación carcelaria con jóvenes, siempre del mismo sector social, material fungible, que las organizaciones criminales reemplazan con facilidad, sin que se afecte el negocio protegido.

Para la oposición argentina, las declaraciones de la Presidenta Fernández y sus altos funcionarios de gobierno, sólo profundizan la percepción que el gobierno ha sido incapaz de enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, los temas de seguridad ciudadanía con eficacia.

La corrupción de los cuerpos policiales, la irritación ciudadana y las acusaciones cruzadas entre gobierno y oposición muestran, que más allá de la percepción, se ha instalado como una realidad cotidiana el tener el tema de la seguridad y sus efectos como parte del paisaje político y social trasandino, teniendo como blanco a un gobierno acusado de no ser capaz de garantizar la protección de los argentinos frente a un flagelo que parece abatirse sobre las principales ciudades argentinas, aunque las estadísticas señalan que ninguna de ellas se encuentra entre las 50 más violentas del mundo.

Para Monseñor Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la iglesia argentina, “el camino a transitar es acudir a las instituciones".

Si es por mano propia no es justicia, que tienen así un serio componente de irracionalidad y cuyas causas son múltiples: cansancio o hartazgo ante lo reiterado de los robos y asesinatos sin que se cuente con respuesta desde la justicia y las fuerzas de seguridad. Y en ello somos todos responsables.

Para el analista político y director del Posgrado en Comunicación Política de la Universidad Nacional de Rosario, Lucio Guberman, la inseguridad es la política -policy, no politics- peor evaluada de casi todas las gestiones de gobierno, sean de rango nacional, provincial o municipal. Gestiones de gobierno con aceptación global de sus desempeños superiores al sesenta por ciento, cuando son evaluados en sus políticas de seguridad no alcanzan al veinte por ciento de aprobación.

Ante esta percepción pública los responsables de áreas con incumbencia en la materia y los políticos opositores eligen mayoritariamente un camino equivocado: explican, describen, hipotetizan, lanzan estadísticas… Sin embargo, poco aportan quienes en su rol de gobierno u oposición dicen que saben sobre un tema cuyas soluciones no están poniéndose en marcha para la mirada urgida de los ciudadanos.

Carlos Aznárez, alerta sobre el manejo mediático y político, sobre todo de los sectores opositores en Argentina, los linchamientos se están multiplicando, los medios de comunicación echan, como siempre, más gasolina al fuego, multiplicando los efectos de una docena de incidentes, graves pero no masivos como sugieren los títulos de las corporaciones de diarios, radios y televisoras.

Mientras tanto, en los estamentos del poder, sus protagonistas parecen autistas, ya que más allá de declaraciones formales, vacías o a veces hasta provocadoras, no saben cómo detener la campaña criminal. Y, como no podía ser de otra manera, han surgido voces, en algunas provincias, que hablan de formar “autodefensas” al estilo Colombia o México, no precisamente para calmar los ánimos.

Esta nueva ola linchadora ha sacado a relucir, como en otras oportunidades, lo peor de una clase media tilinga, que se aterroriza viendo los sangrientos informativos televisivos y a partir de ese momento define como enemigos a todos los que son diferentes a su entorno natural. Los nuevos cruzados sacan a relucir el enano fascista que llevan dentro y salen a la calle a “terminar con la escorias”.

El panorama social causa preocupación, genera inquietud pero también impotencia, pues en este tipo de marcos de verbalización y de conductas irracionales, se suele imponer la ceguera, los llamados a la justicia por mano propia, apoyándose en esto en declaraciones de políticos de diversos colores, como Sergio Berni, Daniel Scioli, Sergio Massa o Mauricio Macri, convertidos en los paladines de la justicia por mano propia, llamando a ejercer una mano dura, expresando – bajo claros cálculos políticos- ideas que han merecido el llamado de atención de organizaciones de derechos humanos, que han señalado que “se deben repudiar los linchamientos y que toda persona tiene derecho a un juicio justo, sean víctimas o victimarios” pero, estos políticos con vocación oportunista no suelen escuchar estos llamados pues el botín a conseguir es mayor que buscar soluciones que impliquen un verdadero cambio social, económico y político en Argentina.

Las ideas de más represión o asignarlas sólo a un tema de exclusión social o apelar a más fuerzas policiales, más gastos en elementos de represión o más cárceles donde encerrar a todo aquel que se considere delincuente, es un error, que se ha repetido en forma contumaz en Latinoamérica.

Demostrando con ello no entender, que al poner en la agenda política y social el tema de la seguridad como el tema principal, se genera un circuito de mayor gasto e impuestos, que se suelen restar de gastos sociales en salud, educación, vivienda entre otros que son los verdaderos objetivos a desarrollar como base de combate a la delincuencia.

Los hechos de las últimas semanas en Argentina hacen recordar las multitudinarias movilizaciones y reclamos del año 2004 tras el secuestro y crimen del joven Axel Blumberg.

Sobre todo, porque la movilización social por mejores salarios, por viviendas y adecuadas condiciones en el ámbito de la salud y la educación, han vuelto a ser acalladas bajo el paraguas del reclamo colectivo por la “seguridad” que suele convertirse, para la política , los medios de comunicación y “los buenos vecinos” en la única opción legítima de protesta.

Esa visión comienza a dar pasos que cuestionan la legitimidad de las instituciones democráticas, para luego caminar hacia los reclamos más políticos de “falta de un estado protector” y la necesidad de cambiar a gobiernos incapaces de proteger a su población.

Y en ese juego se vislumbra a políticos opositores como también oficialistas, que buscan su lugar en el próximo mapa político argentino, policías y militares, empresarios y medios de comunicación, en un contubernio que no tiene nada que envidiar a las organizaciones criminales.


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