El Gobierno distrital de Cali implementó la operación denominada «Cristo Rey», una estrategia para recuperar parte del centro de la ciudad y dar paso al proyecto urbanístico «Ciudad Paraíso». Esta medida implicó la expulsión de habitantes de calle y trabajadores dedicados al reciclaje, quienes dependen de estos espacios para sobrevivir en una de las capitales más importantes del suroccidente colombiano.

Los afectados por el operativo denunciaron las consecuencias directas de la intervención en su economía diaria. «¿A dónde vamos a vender? Todo nos lo quitaron. Cerraron las calles, las tiendas, todo», manifestó uno de los trabajadores desplazados.

Otro habitante de calle exigió que la alcaldía «se ponga la mano en el corazón y nos deje trabajar», enfatizando que «nosotros no hacemos mal a nadie, no somos delincuentes para estar acordonados».

Desde la perspectiva de expertos y defensores de derechos humanos, la estrategia evidenció la falta de intervención oportuna del Estado a través de programas sociales integrales. Se señala la carencia de atención para personas con altos consumos de estupefacientes, atención a la población en condición de calle y extrema pobreza, y acciones efectivas para disminuir el microtráfico.

Esta última problemática resulta crítica, considerando que el microtráfico opera a pocos metros del Palacio de Justicia y de una sede de la Fiscalía General de la Nación.

La operación también generó un fuerte impacto en la cadena del reciclaje, provocando la pérdida de empleos en el sector. Los trabajadores advierten sobre la vulnerabilidad en la que quedan frente a los grandes compradores, señalando que «ellos tienen bodegas grandes de miles de millones que mueven su plata».

Defensores de derechos humanos en Cali advirtieron que «esto fue una expulsión» que «no fue concertada con los habitantes de la calle», alertando sobre el riesgo de que la población desplazada enfrente situaciones de violencia.

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Al no existir una propuesta alternativa para resolver el problema social del barrio El Calvario, las autoridades optaron por sacarlos a la fuerza. Como resultado, las personas en situación de calle se han diseminado por toda la ciudad, reubicándose en sitios como el colegio Antonio José Camacho y en barrios residenciales donde anteriormente no se encontraban.

La dimensión de este desafío social está respaldada por datos oficiales. Según registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cali se ubica como la segunda ciudad en el país con más habitantes de calle, contabilizando alrededor de 4.749 personas en esta condición, lo que requiere rutas de atención estructurales y no solo medidas coercitivas.

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