A pocas horas de la primera manifestación convocada por sectores de la oposición, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1525 de 2026, una disposición que busca legalizar la represión contra las manifestaciones pacíficas que tengan lugar en el país.

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La normativa fue presentada como respuesta a la convocatoria de marchas antigubernamentales previstas para este miércoles 14 de octubre. Según el Gobierno, el objetivo es reforzar los mecanismos de control y garantizar el orden público durante el desarrollo de las concentraciones ciudadanas.

Durante una intervención transmitida por televisión nacional, De la Espriella señaló que la protesta pacífica constituye una «garantía constitucional», aunque precisó que ese derecho «no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia».

Entre las disposiciones anunciadas figura el acompañamiento permanente de las manifestaciones por parte de las autoridades. El decreto establece que los efectivos encargados de la supervisión deberán mantener una distancia mínima de cuatro metros, como parte de los protocolos de control previstos para estos eventos.

Asimismo, la normativa autoriza la actuación de las fuerzas de seguridad cuando se detecte el porte o uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios. También contempla intervenciones en casos de retención de personas contra su voluntad o agresiones contra terceros.

El documento incluye protección específica para servidores públicos, personal uniformado, misiones médicas y equipos periodísticos, estableciendo facultades de actuación ante cualquier ataque o amenaza dirigida contra estos sectores durante las movilizaciones.

Las protestas han sido convocadas por organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La principal concentración está prevista para las 10:00 de la mañana de este miércoles en el Parque Nacional de Bogotá, aunque también se anunciaron actividades en ciudades como Cali y Medellín.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa otras iniciativas legislativas de su programa de gobierno. Entre ellas figuran un proyecto de ley para el sometimiento de grupos armados organizados y un estatuto antiterrorista, propuestas que fueron presentadas durante la jornada del martes como parte de la agenda gubernamental.

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