La reciente suspensión por un período de nueve meses del movimiento político Amigo, dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ha desatado una enérgica ola de rechazo por parte de diversas organizaciones partidistas y analistas del país. 

La polémica medida se ejecutó precisamente en momentos en que la agrupación acogía en sus filas a candidatos de la Revolución Ciudadana, movimiento de oposición que también fue suspendido previamente por el mismo organismo electoral.

​El movimiento Reto reaccionó con dureza ante el dictamen, afirmando de manera categórica que “Ecuador es una dictadura”, en referencia al veto de la actual Administración contra otras fuerzas políticas alternativas. 

A través de un amplio documento oficial, la organización señaló que lo resuelto por el juez del TCE constituye el último episodio de una cadena de decisiones institucionales que demuestran que en la nación ya no existen las condiciones mínimas para sostener un régimen democrático.

​Para sustentar su postura, Reto detalló una serie de acciones ejecutadas durante los últimos meses en contra de adversarios políticos, presuntamente dirigidas a impedir la participación de la oposición en las elecciones seccionales, entre las cuales mencionaron la captura del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y la suspensión de los derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, entre otras. 

Así como la inhabilitación por nueve meses del movimiento Revolución Ciudadana y, ahora, del movimiento Amigo, el adelanto discrecional de los comicios seccionales, los cuales estaban previstos originalmente para febrero de 2027 y fueron reprogramados para el próximo 29 de noviembre.

​Por su parte, el director del movimiento Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, se sumó al rechazo contra la resolución del TCE, calificando la proscripción de organizaciones políticas y candidaturas como un acto totalmente antidemocrático. 

En su pronunciamiento, Atarihuana hizo un llamado urgente a todas las fuerzas democráticas del país a levantar la voz de protesta contra lo que denominó “abusos del poder” y a salir en defensa del derecho constitucional a la participación.

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​El debate también se trasladó al plano de la academia y el derecho constitucional, donde los expertos coincidieron en la gravedad de la situación institucional que atraviesa Ecuador. 

​“¡Vivimos en dictadura! Así, con todas las letras”, expresó de forma tajante el jurista Mauro Andino, quien además resaltó que el Tribunal Contencioso Electoral se encuentra actualmente controlado por el Gobierno central y ha propinado un “golpe letal” a la Democracia.

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​A este criterio se unió el politólogo Jacobo García, quien manifestó que los acontecimientos que se están registrando en territorio ecuatoriano no se han visto “ni en las peores dictaduras del mundo”.

​Finalmente, el analista político Santiago Basabe sostuvo que las maniobras institucionales evidencian que el oficialismo y sus aliados “quieren ganar como sea, a la buena o a la mala”, concluyendo que la crisis actual afecta directamente la esencia del régimen democrático debido a las ambiciones de los que tildó como “los cadetes del poder”.

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