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Enfrentamientos en el zócalo al término de la marcha este jueves por la noche, con un saldo de 11 detenidos a quienes se les acusó de intento de homicidio.  (Foto @AissateleSUR)

Enfrentamientos en el zócalo al término de la marcha este jueves por la noche, con un saldo de 11 detenidos a quienes se les acusó de intento de homicidio. (Foto @AissateleSUR) | Foto: @AissateleSUR

Publicado 4 diciembre 2014



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En el marco de las multitudinarias protestas por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y un estimado de 8 mil desaparecidos más en lo que va del sexenio, el gobierno de México ha reformado la Constitución para prohibir marchas y aglomeraciones en la vía pública.

Ante el impacto mediático causado por las marchas que semana tras semana llenan las calles de México, el gobierno recurre al poder legislativo para introducir lo que a juicio de muchos es un intento de prohibir las protestas en la vía pública, persuadir a los inconformes y contar con un marco legal para encarcelar a los que protesten.

Los intentos de criminalizar la protesta no son nada nuevo en el país. Desde la alternancia política que se dió cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (partido que se mantuvo en el poder durante 70 años) cedió la presidencia al derechista Partido Acción Nacional (PAN) en el año 2000, se reconoció un aumento en la democracia del país, pero un retroceso notable en cuanto a derechos humanos, particularmente después de que en 2006 el gobierno de Felipe Calderón utilizó al ejército de manera masiva para iniciar la llamada guerra contra el narcotráfico que causó más de 100 mil muertes y 22 mil desapariciones durante el sexenio, datos que parecen aumentar durante la gestión del priista Enrique Peña Nieto.

A las protestas en contra de la dudosa legitimidad de las elecciones a través de las cuales Calderón accedió al poder se sumaron las causadas por la creciente inseguridad y la violencia ejercida por bandas criminales y fuerzas del estado por igual. La respuesta del gobierno consistió en acentuar el clima de criminalización de la protesta social; es decir, que las acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones tuvieron, cada vez más, la consecuencia de que los defensores de derechos humanos, o un integrante de una organización social, fueron acusados de algún delito y llevados a la cárcel para enfrentar uno o varios procesos legales..

Ya en 2008 se lanzó la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito” por parte de la Red Nacional “Todos los Derechos para Todos” (Red TDT), ante la oleada de encarcelaciones de luchadores sociales y ciudadanos inconformes. El colectivo identificó cinco puntos característicos de este método de acallamiento de las demandas populares.

    -Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso

    -Equiparación de luchadores sociales con delincuentes

    -Agravamiento de las acusaciones

    -Ilegalización de la protesta social

    -Falta de debido proceso legal.

Las misma estrategias descritas en 2008 durante el gobierno panista de Felipe Calderón siguen en práctica de mano del gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Peña, ante la baja súbita en aceptación que su gestión ha sufrido, principalmente a causa de los escándalos causados por la desaparición de 43 estudiantes y la salida a la luz de una mansión de lujo utilizada por su esposa pero a nombre del dueño de una empresa ampliamente beneficiada por contratos gubernamentales, promete una serie de reformas a la ley para combatir impunidad e inseguridad, mientras los diputados priistas cocinan una reforma que criminaliza aún más las manifestaciones sociales.

Este tipo de propuestas de cambios a la legislación vigente son la continuación de una serie de reformas orientadas a disminuir el marco de acción social de los ciudadanos. A mediados de este año el gobierno de Sinaloa debió retractarse de aplicar la que fuera conocida como “ley mordaza” que pretendía impedir el trabajo de los periodistas, el mismo gobernador Mario López Valdez declaró el 3 de diciembre: “A partir de hoy, quien bloquee, será levantado por la policía”, es de notar que López usa el término criminal para secuestro en vez de los más apropiados “arresto” o “detención”. Esto fue evidente el 26 de noviembre, cuando el estudiante Sandino Bucio fue practicamente secuestrado por elementos de la procuraduría de la república.

En cuanto a la criminalización de luchadores sociales, se han registrado casos como el de Concepción Moreno Arteaga, quien fue detenida mientras distribuía comida a un grupo de migrantes centroamericanos en su pueblo El Quemado, Querétaro, una práctica común por parte de ciudadanos preocupados por las precarias condiciones en las que los migrantes deben hacer el viaje hacia la frontera norte. Concepción fue acusada de tráfico de personas y condenada a seis años de cárcel, condena revocada posteriormente gracias a un amparo legal. El mismo proceso sufren Jacqueline Santana y Bryan López, quienes tras ser detenidos por 20 policías fueron acusados de intentar asaltar con un cuchillo y robar 500 pesos (Unos 36 dólares) a uno de los agentes que los detuvo de manera claramente ilegal.

El agravamiento de las acusaciones es un hecho de todos los días, los manifestantes suelen encontrarse golpeados tras las marchas y acusados de homicidio en modalidad de tentativa y portación de armas letales, cuando durante la protesta solo se lanzaron piedras y no hay evidencia de las supuestas armas. Los 11 detenidos tras la marcha del 20 de noviembre fueron en un principio acusados de terrorismo y posteriormente de intento de homicidio y trasladados a penales de alta seguridad, para ser finalmente liberados por falta de pruebas. Los detenidos tras la manifestación del primero de diciembre fueron acusados de delitos no graves como probables responsables de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, delitos no graves, pero se les fijó una fianza de 106 mil pesos (7,500 dólares) y se les trasladó al Reclusorio Norte a escondidas a pesar de que su situación legal no estaba esclarecida aún.

Los actuales gobiernos, ante su incapacidad para garantizar los derechos (...) prefieren dar trato de criminales a quienes ejercen su derecho a la protestas: Edgar Morales

En cuanto a la ilegalización de la protesta en si, la ambigua definición de las leyes se presta a interpretaciones discrecionales, como en el caso de la ley que define terrorismo de una manera tan amplia que fácilmente se le puede condenar a cualquier manifestante hasta con 40 años de cárcel. O la recién propuesta modificación a los artículos 11 y 73, que  regulan la movilidad de los ciudadanos y abren la puerta a la introducción de leyes más estrictas en contra de manifestaciones que pudieran obstruir vialidades, como sucede cada vez que el pueblo sale a las calles a expresar su descontento.

El investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) Edgar Morales, describió el fenómeno en una publicación de la Universidad Autónoma de México: “dicha criminalización [de la protesta] integra una política de los actuales gobiernos, los cuales, ante su incapacidad de garantizar los derechos humanos de las personas prefieren proscribir la protesta social y darle trato de criminales a quienes ejercen su derecho a la protesta”, el investigador concluye su texto: “Las protestas sociales no solamente constituyen el ejercicio de derechos y una forma de luchar por los mismos, sino que también son un aporte a la democracia”.


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