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Colombia vivirá grandes transformaciones con la futura firma del acuerdo final de los diálogos de paz. (Foto: politicaexterior.com)

Colombia vivirá grandes transformaciones con la futura firma del acuerdo final de los diálogos de paz. (Foto: politicaexterior.com)

Publicado 25 septiembre 2014





Tras las decisión de Colombia de publicar los acuerdos logrados hasta el momento en los diálogos de paz en La Habana (Cuba), se puso punto final a las especulaciones que existían sobre el proceso que el Gobierno lleva a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).

El jefe de la delegación negociadora del Gobierno colombiano en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, hizo públicos los acuerdos alcanzados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP), en los que destacan las medidas que favorecerían al pueblo en materia de seguridad y los beneficios para campesinos.

Estas son las diez transformaciones más profundas que vivirá Colombia con la futura firma del acuerdo final con las FARC-EP:

1. Los campesinos dejarán de ser ciudadanos de segunda

Si los acuerdos de paz se concretan y se cumplen, el campo colombiano saldría del abandono en el que ha estado sumido durante décadas, debido a que el grueso de los puntos acordados giran alrededor de planes para atacar los principales problemas de los campesinos.

El acuerdo incluye un plan progresivo de protección social y de garantías de derechos de los trabajadores rurales. Uno de cada tres colombianos pertenece al sector rural.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2011 señaló que “uno de cada tres colombianos pertenece al sector rural”, y sólo por eso, ya es más pobre, menos educado y más desnutrido que sus compatriotas urbanos.

Mientras en varias ciudades de Colombia la pobreza extrema es del 7 por ciento, en el campo llega al 29 puntos porcentuales.

“Más del 60 por ciento de la población rural en edad de trabajar solamente ha finalizado los niveles básicos de primaria, y como consecuencia, cerca de la misma proporción de la población percibe un ingreso por jornal inferior al salario mínimo”, precisa el informe.

2. Creación de un mercado de tierras

El acuerdo establece la creación de un Fondo de Tierras de distribución gratuita de millones de hectáreas para los campesinos sin tierra y las comunidades más afectadas por la miseria, así como el otorgamiento de subsidios integrales y créditos especiales para la compra de tierras.

El cumplimiento de este punto se reflejaría en la formalización progresiva de la tierra de los campesinos, contribuyendo a cerrar la alta desigualdad en la propiedad rural.

En Colombia, uno de cada cinco predios rurales tienen problemas de titulación, según lo demostró un estudio de Ana María Ibáñez, una de las mayores expertas en tierras en este país.

“De cada dos pequeños campesinos, sólo uno tiene derechos formales sobre su tierra”, refleja el estudio.

3. Pago de impuestos por los terratenientes

Colombia no cuenta actualmente con un verdadero catastro rural. No posee un inventario actualizado con mapas que muestren quién es dueño de cada lote de tierra, originando que los grandes dueños de la tierra prácticamente no paguen impuestos.

Incluso, según lo demostrado en una investigación sobre tierras e impuestos llevada a cabo por Marc Hoffsteter “mucha gente compra tierra en Colombia para evadir pagar impuestos”.

El acuerdo conlleva a la actualización de la base de datos del catastro y a la ejecución de un sistema para el cobro del impuesto predial.

4. Debilitación del clientelismo

Los acuerdos logrados hasta ahora tienen un hilo conductor: la creación de múltiples escenarios en los que las comunidades pueden y deben participar en la definición, ejecución y evaluación de los proyectos y programas destinados a las zonas priorizadas para ejecutar los acuerdos.

Esta creación de escenarios va a originar en Colombia la debilitación del clientelismo. Por ejemplo, según los acuerdos, el Plan nacional de vías terciarias se hará “con la participación activa de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras”, dando mayor peso a la contratación de trabajadores y adquisición de materiales de la localidad.

Actualmente los beneficios que gozan los congresistas a cambio de que aprueben el presupuesto nacional y las reformas tributarias se invierte principalmente en carreteras veredales, asignadas a contratistas aliados de los políticos.

Si este tipo de proyectos se definen y ejecutan directamente con las comunidades, el clientelismo se debilitaría.

5. Mejor alimentación en el campo

Entre los acuerdos se encuentra también la creación de un sistema especial de seguridad (soberanía) alimentaria y de nutrición para la población rural.

Dicho sistema estaría conformado por consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición, en los que tendría representación el gobierno y las comunidades, para definir lineamientos para la puesta en marcha de las políticas.

Actualmente el sector rural colombiano tiene los peores niveles de desnutrición y además se suele comer de manera poco balanceada.

6. Surgimiento de nuevos movimientos de izquierda

El acuerdo sobre el segundo punto incorpora múltiples garantías la acción política opositora y crea incentivos –desde financiación hasta acceso a los medios comunitarios e institucionales– para que los movimientos sociales participen en política.

Las FARC-EP y el Gobierno coincidieron en desmontar las barreras de entrada a la política más efectiva y la obligación de superar un umbral de votos para conservar la personería jurídica del partido.

Si se firma este acuerdo, habrá nuevamente una auge de partidos políticos, pues ya no será necesario sacar un número determinado de votos para existir. Habrá un sistema de “adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional”.

Uno de los puntos más revolucionarios se refiere a la creación de Circunscripciones Transitorias de Paz para elegir un número, que todavía no han acordado, de representantes a la Cámara en las zonas priorizadas por el nivel de conflicto.

7. Nueva definición de "orden público"

El gobierno colombiano definió como una “línea roja” la discusión sobre la doctrina militar. Sin embargo, si el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política creado por estos acuerdos llega a operar en la práctica, terminará reemplazando la filosofía de “orden público” que se ha manejado hasta el momento para controlar la protesta y las movilizaciones sociales.

Se trata de una “concepción moderna de la seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, respeto de derechos humanos y valores democráticos”, según lo definido en el punto dos del acuerdo.

“Este sistema debe crear una cultura de tolerancia que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de persecución de dirigentes por sus actividades políticas, opinión o oposición".

8. Cambios en la dinámica del periodismo

A nivel nacional no hay estudios, pero el uso generoso y arbitrario de la pauta en los medios de comunicación tiene incidencia en lo que algunos dicen o sobre todo callan.

Entre los acuerdos logrados, se encuentran los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial en los medios de comunicación a nivel nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo a criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo también en cuenta a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios.

Adicionalmente, la norma debe asegurar que el gasto en la pauta oficial sea de conocimiento público, mediante la publicación de informes detallados. 

Un estudio realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa demostró el uso por parte de algunos gobernantes de la asignación de la pauta oficial para comprar a los periodistas fieles y castigar a los independientes. El estudio se centró en la pauta local dado que la mayoría de periodistas locales de radio viven de la pauta que ellos mismos tramitan, con lo cual los alcaldes suelen silenciarlos.

9. Cambios en la producción de coca

El acuerdo sobre cultivos de uso ilícito trae una reforma integral para las zonas donde se cultiva coca, que se haría con la participación de las comunidades y con el protagonismo activo de las FARC-EP.

El gobierno y las FARC-EP se comprometen a desarticular la “cadena de valor del narcotráfico”.

Entre las muchas cosas que harán, está la de mapear el delito, de tal forma que “permita identificar los sistemas de financiación de las organizaciones de crimen organizado, los usos de esos recursos, los responsables financieros, las estrategias de lavado de activos, canales de blanqueo de capitales, las redes de testaferros de las estructuras criminales y su penetración en las instituciones.”

10. Las FARC-EP nacerían como partido político

Las garantías para la oposición política le permitirá a las FARC-EP pasar de ser un actor armado a hacer política por las urnas.

La ejecución de estos acuerdos, cuyos mayores beneficiarios son los campesinos de las zonas donde ellos han tenido influencia, podría ayudarles a consolidar una base política que les permita acceder al poder. 

Los acuerdos ratifican la disposición de las FARC-EP a dejar las armas.


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