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El gobierno de Chile desestimó el martes las denuncias legales que partidos de derecha presentaron contra el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalo y su esposa Natalia Compagnon en el caso “Caval”.
El vocero del gobierno Álvaro Elizalde dijo que esta "es más bien una denuncia genérica que tiene una finalidad política, y que no da cuenta de su fundamento jurídico, pero la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo conforme lo establece la legislación vigente".
Los partidos opositores que presentaron la denuncia el lunes por tráfico de influencias y uso de información privilegiada son Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).
RN y UDI solicitaron a la fiscalía que se investigue la negociación que hizo Compagnon con el Banco de Chile para gestionar un crédito inmobiliario de unos 11 millones de dólares.
La gestión del crédito ocurrió meses antes de que Bachelet fuera reelecta en enero de 2014.
La acusación se debe a que Dávalos, quien renunció el pasado fin de semana a su cargo de director sociocultural del gobierno, estuvo presente en la entrevista, junto a su esposa, con el vicepresidente del Banco de Chile, Adrónico Luksic, uno de los hombres más ricos del país.
Durante sus declaraciones, Elizalde agregó que "ahora hay que ser bien claro, porque si la UDI se midiera con la misma vara con la que se mide al gobierno, prácticamente se quedaría sin dirigentes".
"El país ha sido testigo de cómo los dirigentes de la UDI han desfilado por la Fiscalía, así que la UDI, en primer lugar, debería hacerse cargo de su propia situación", añadió el vocero del gobierno chileno.
Las denuncias de los partidos opositores coinciden con el estallido del caso conocido como “Pentagate” que involucra a varios de estos partidos por el financiamiento ilegal de campañas políticas, siendo la UDI uno de los más afectados por el escándalo.
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