El expresidente y líder político de Bolivia, Evo Morales, denunció que las recientes decisiones judiciales que anularon procesos por las masacres de Senkata y Sacaba de 2019, representan un retroceso en la lucha contra la impunidad. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que los tribunales actuaron bajo órdenes políticas y sin independencia, lo que, a su juicio, debilita la búsqueda de justicia para las víctimas.

LEA TAMBIÉN:

Exministro Arturo Murillo llegó a Bolivia para enfrentar cargos por corrupción y otros delitos

Morales recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó al menos 20 muertos y decenas de heridos durante los operativos policiales y militares de 2019, y que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló en 2020 que las fuerzas de seguridad hicieron un uso desproporcionado de la fuerza bajo el Decreto Supremo 4078, firmado por el Gobierno de la mandataria de facto Jeanine Áñez.

Las asociaciones de víctimas de Senkata y Sacaba denunciaron que no fueron notificadas sobre las resoluciones que anularon los procesos, lo que consideran una vulneración a sus derechos. Sus representantes advirtieron que esa falta de información retrasa los juicios de responsabilidades contra Áñez y otros exfuncionarios involucrados en los hechos posteriores al golpe de Estado de noviembre de 2019.

El dirigente David Inka, portavoz de las víctimas, señaló que no han recibido copias oficiales de las sentencias que declararon la nulidad de los procesos. Explicó que esos documentos son necesarios para que la Fiscalía General del Estado inicie el procedimiento correspondiente antes de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Inka subrayó que, mientras la liberación de exautoridades se tramitó con rapidez, los familiares de las víctimas enfrentan obstáculos para acceder a la documentación.

La ministra de Justicia de Bolivia, Jessica Saravia, reconoció la preocupación de organismos internacionales y afirmó que las masacres de 2019 “no pueden quedar en la impunidad”. Recordó que Bolivia tiene la obligación de cumplir las recomendaciones de la ONU y la CIDH, que instaron a investigar, sancionar y reparar a las víctimas.

El 12 de septiembre, la CIDH y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur advirtieron que las decisiones de los tribunales de El Alto y Sacaba, al declarar nulos los procesos contra policías y militares, pueden representar un retroceso en la búsqueda de justicia. Ambas instancias señalaron que, si no hay avances internos, las víctimas podrán acudir a mecanismos internacionales.

El informe del GIEI de 2021 incluyó 36 recomendaciones, entre ellas la creación de una mesa de seguimiento para evaluar los compromisos del Estado boliviano. La CIDH encabeza ese mecanismo, que monitorea la implementación de medidas para garantizar verdad, justicia y reparación.

Saravia enfatizó que las recomendaciones internacionales están dirigidas al Estado en su conjunto y que el cumplimiento de esas obligaciones es fundamental para evitar ulteriores sanciones de la Corte Interamericana. Recordó que, en caso de incumplimiento, el país puede ser condenado y obligado a otorgar reparaciones a las víctimas y sus familias.

EN ESTA NOTA: