Bolivia: Gobierno y transportistas dialogan ante deterioro económico y crisis por combustible
Durante meses, los sindicatos de choferes han exigido al Gobierno la apertura de conversaciones efectivas, así como compensaciones por los daños atribuidos al uso de la denominada “gasolina basura”.
Pese a acuerdos alcanzados en los últimos dos meses, el Ejecutivo no ha cumplido con los compromisos asumidos. Foto: Obras Públicas
6 de mayo de 2026 Hora: 16:19
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El Gobierno y la dirigencia de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia mantienen este miércoles una mesa de diálogo en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, con el objetivo de analizar el pliego petitorio del sector transportista y buscar una salida al conflicto por combustible, carreteras y compensaciones económicas.
Desde horas de la mañana, representantes de las 11 federaciones de choferes del país participan en las conversaciones con autoridades del Ejecutivo, en un intento por destrabar una semana marcada por paros, bloqueos y protestas en distintas regiones.
Según el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, la administración del presidente Rodrigo Paz mantiene una disposición abierta a negociar y resolver las demandas mediante coordinación institucional.
Zamora sostuvo que el propósito central del encuentro es revisar cada uno de los reclamos del transporte y alcanzar soluciones que no perjudiquen a la población, al tiempo que afirmó que las dificultades vinculadas al abastecimiento de combustibles ya habrían sido superadas. En ese contexto, insistió en la necesidad de desarrollar el proceso de negociación sin presiones.
Sin embargo, el ministro de Obras Públicas omitió señalar que los sindicatos de choferes llevan meses exigiendo al Gobierno la apertura de conversaciones efectivas, así como compensaciones por los daños atribuidos al uso de la denominada “gasolina basura”.
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Dirigentes del sector sostienen que, pese a acuerdos alcanzados en los últimos dos meses, el Ejecutivo no ha cumplido con los compromisos asumidos, mientras la ausencia de explicaciones claras por parte de las autoridades ha intensificado las críticas sobre la calidad del combustible que se vende en el país.
A más de tres meses del inicio de esta problemática, los transportistas denuncian que ese carburante continúa siendo importado y distribuido, lo que prolonga la preocupación por sus efectos sobre los motores y los costos de reparación.
Por su parte, el dirigente Lucio Gómez ratificó la presencia de delegados de todo el país y remarcó la importancia de que el diálogo permita respuestas concretas a las preocupaciones del sector.
A pesar de que se instalaron mesas de negociación, el país aún enfrenta serias interrupciones en su red vial. Hasta las 09H00 de este miércoles, el mapa de transitabilidad registraba 24 puntos de bloqueo distribuidos entre los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Beni.
La Paz y Santa Cruz concentraban a esa hora nueve bloqueos cada uno. En el primer caso, varias rutas estratégicas permanecen cortadas, incluyendo conexiones hacia los Yungas, Oruro y la frontera con Perú. En Santa Cruz, las restricciones afectan el acceso a la capital departamental, mientras que Beni suma seis puntos de protesta.
Aunque las medidas de presión disminuyeron respecto al martes —cuando durante el paro nacional de 24 horas se contabilizaron más de 60 bloqueos—, los choferes mantienen acciones en carreteras para exigir garantías sobre el suministro de gasolina importada, el fin de la “gasolina basura” y compensaciones por daños mecánicos atribuidos a la mala calidad del combustible.
Por otro lado, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) confirmó el inicio de un bloqueo nacional de carreteras desde este miércoles como medida de presión contra la Ley 1720, de acuerdo con un instructivo difundido entre sus organizaciones de base.
Con esta decisión, la principal organización campesina del país ratificó su respaldo a la movilización protagonizada por centenares de indígenas y campesinos procedentes de Pando y Beni, quienes el pasado lunes llegaron a la Casa Grande del Pueblo tras 28 días de marcha para exigir la derogación de esa normativa.
Los manifestantes rechazan la Ley 1720 porque permite transformar pequeñas propiedades productivas en predios de categoría mediana, habilitando además su posible hipotecación, una medida que consideran perjudicial para las comunidades rurales y favorable a sectores vinculados al poder agroindustrial.
Diversas organizaciones críticas sostienen que la legislación favorece principalmente a grupos económicos ligados al agronegocio y podría facilitar una mayor concentración de tierras, ampliando el latifundio en detrimento de campesinos e indígenas.
El contingente movilizado desde Beni y Pando ingresó a La Paz luego de recorrer más de 100 kilómetros desde las tierras bajas hasta el altiplano, en una protesta sostenida para exigir sus derechos, ya que la ley representa una amenaza directa para sus territorios y derechos históricos.
Durante el trayecto, autoridades gubernamentales, entre ellas ministros y viceministros, intentaron en al menos tres ocasiones frenar la marcha mediante propuestas de diálogo y posibles acuerdos. Sin embargo, los dirigentes campesinos e indígenas rechazaron esas iniciativas y reiteraron que no cesarán sus medidas hasta lograr la abrogación total de la Ley 1720, al considerar que su aprobación se realizó sin tomar en cuenta a los sectores afectados.
Autor: teleSUR: idg - JDO
Fuente: Agencias
