Venezuela presentó este lunes 11 de mayo sus observaciones jurídicas finales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde reafirmó su posición histórica sobre la Guayana Esequiba y su compromiso con el Derecho Internacional como fundamento de las relaciones pacíficas entre Estados.

La Procuradora General de la República, Arianny Seijó, expuso la postura venezolana destacando que la delegación del país bolivariano ha presentado durante las audiencias orales una verdad histórica irrefutable que demuestra la coherencia de su argumento y el respeto por la legalidad internacional.

Venezuela mantiene de forma constante e inequívoca que el Laudo Arbitral de 1899 es nulo e írrito. Esta posición se sustenta en pruebas que salieron a la luz durante el proceso de descolonización, revelación que llevó a Venezuela y al Reino Unido a dejar atrás el controvertido laudo y establecer, en un acto de redefinición de sus relaciones, el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Seijó resaltó que este acuerdo no es una norma más del Derecho Internacional. Se trata de la norma específica y autoimpuesta que tanto Venezuela como Guyana adoptaron para regir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, convirtiéndose en el único instrumento jurídico que debe gobernar esta disputa histórica.

La Procuradora General aclaró ante los miembros de la CIJ que la cuestión real no radica en la invalidez del Laudo de 1899. La verdadera controversia, según la postura venezolana, es la obligación inherente al Acuerdo de Ginebra de buscar una solución práctica y mutuamente satisfactoria a la disputa territorial.

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Venezuela lamenta que Guyana haya procurado distorsionar el objeto de la controversia en un intento por desvirtuar el espíritu del acuerdo. Esta maniobra, afirmó Seijó, tiene el propósito de convencer a la Corte de legitimar el Laudo de 1899, un producto del desafortunado pasado colonial que ambas naciones sufrieron de diferentes maneras y que no puede perpetuarse.

La delegación venezolana subrayó que afirmar la validez del laudo significaría perpetuar un resultado colonial profundamente ilícito y antijurídico. Este marco fue precisamente lo que las partes del Acuerdo de Ginebra sustituyeron y dejaron atrás de forma definitiva.

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