Organizaciones sociales y plataformas por el derecho a la vivienda iniciaron una jornada nacional con más de manifestaciones y acampadas masivas en Madrid y más de 50 ciudades para exigir soluciones urgentes ante la crisis habitacional. La indignación popular se profundizó tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a 2 reales decretos-ley sobre protección frente a desahucios y prórrogas de contratos de alquiler, mientras el presidente Pedro Sánchez analiza un posible adelanto electoral.

La ola de indignación ciudadana tomó mayor impulso tras el desahucio violento de Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años que logró retornar a su hogar gracias a la resistencia social en las calles. Durante la marcha iniciada en Madrid hacia la plaza de Cibeles, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, denunció que la cámara legislativa permanece secuestrada por intereses rentistas y absolutamente desconectada de la realidad social que asfixia a las familias.

Las agrupaciones convocantes exigen una reducción inmediata del 50 por ciento en el precio de los arrendamientos, la firma de contratos de carácter indefinido y la expropiación de inmuebles residenciales en manos de fondos buitre. La marcha de la capital estuvo encabezada por una pancarta con el lema «Hacia la huelga general», una consigna replicada en movilizaciones simultáneas en ciudades como L’Hospitalet de Llobregat, Girona y Badalona.

En la capital, la histórica acampada iniciada el 26 de septiembre de 2026 en la Puerta del Sol ha superado el millar de tiendas instaladas, evaluando extender las carpas hacia la calle Callao si continúa la afluencia ciudadana. La dirigencia sindical anunció que reorganizará sus esfuerzos hacia los barrios para dialogar con comités de empresa, estudiantes y asociaciones vecinales con el firme objetivo de paralizar las actividades productivas en el país.

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Paralelamente, cientos de personas continúan movilizadas en las inmediaciones del Congreso de España y en la madrileña Plaza del Sol luego de que la derecha política con representación en la Cámara votó en contra y tumbó los dos reales decretos leyes de vivienda aprobados días atrás por el Consejo de Ministros para frenar la especulación inmobiliaria y proteger el derecho a la vivienda de la clase trabajadora.

Ciudadanos y activistas que sostienen la acampada en la madrileña Plaza del sol se congregaron hasta allí para recabar públicamente a los diputados a que aprueben ambas normativas y ayuden a cumplir lo consagrado en la Constitución. Pese a la presión popular, los reales decretos ley no fueron aprobados.

Reportes de corresponsales de teleSUR en Madrid indican que el primer real decreto fue tumbado por los votos en contra de la derecha: el Partido Popular, el ultraderechista Vox, el partido conservador catalán Juts y el conservador Unión del Pueblo Navarro. El balance fue 178 votos en contra y 172 a favor. En el caso del segundo real decreto ley, hubo 167 votos a favor y 184 en contra.

Manifestantes que presenciaron en la sala los debates mostraron su indignación con el resultado de la votación y corearon «Fondos buitre controlan el Congreso».

Puertas adentro, los debates fueron ríspidos, con la izquierda acusando a las formaciones conservadoras de pensar más en su bandera política que en los derechos de los españoles. «Votar por derechas o por derechos», manifestó un diputado de izquierdas minutos antes de la votación. De frenarse los reales decretos ley, sería la cuarta ocasión en la actual Legislatura que el PP, Vox y Junts votan en contra de iniciativas para defender el derecho a la vivienda.

Del otro lado del arco político acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber propuesto medidas de fondo para aliviar la situación de vivienda en el país. De acuerdo con medios locales, algunas críticas vinieron de legisladores con conocidos vínculos con fondos buitre y empresas rentistas, un negocio cuyas puertas abrió el Partido Popular cuando el Gobierno era encabezado por Mariano Rajoy (2011-2018).

Desde el sector sindical, Alicia del Río enfatizó que las organizaciones populares tomarán la iniciativa política en las calles frente al inmovilismo de las instituciones gubernamentales y el rechazo legislativo. Paralelamente, el presidente de la patronal española CEOE, Antonio Garamendi, declaró su total respeto a las manifestaciones ciudadanas por el acceso a la vivienda, pero advirtió formalmente que emprendería acciones legales al considerar que una huelga general por este motivo resultaría ilegal.

Las movilizaciones populares buscan transformar radicalmente el paradigma del acceso a la vivienda en España para erradicar definitivamente la especulación inmobiliaria y proteger el bienestar de la clase trabajadora. Las plataformas sociales ratificaron que mantendrán la presión en todos los distritos hasta lograr revertir las políticas rentistas que favorecen a los grandes tenedores de vivienda sobre los derechos fundamentales de las personas.

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