Una multitudinaria manifestación recorrió este sábado las principales calles de Madrid para exigir la revalorización de las pensiones públicas, frenar los intentos de privatización de los servicios esenciales y demandar soluciones inmediatas a la crisis del acceso a la vivienda. 

La movilización, que congregó a unos 25.000 asistentes según datos de la Delegación del Gobierno y hasta 50.000 según las organizaciones convocantes, se desarrolló en un ambiente marcado por la proximidad de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

​Convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), la protesta puso sobre la mesa la exigencia de un incremento del 6% en las pensiones para 2027, con el objetivo de garantizar la preservación del poder adquisitivo de los jubilados ante el encarecimiento generalizado del coste de la vida.

​En la cabecera de la marcha, la portavoz nacional de COESPE, Francisca López, insistió en la necesidad constitucional de blindar la revalorización automática de las prestaciones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) real.

​Alianza entre pensionistas y sindicatos de inquilinos

​Un elemento clave de la jornada fue la adhesión de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuyos portavoces remarcaron que el alto coste de la vida y la emergencia habitacional están “devorando los ingresos de millones de familias y trabajadores”.

​Desde las organizaciones sociales se enfatizó que las dificultades para acceder a una vivienda digna afectan gravemente a las personas mayores, muchas de las cuales destinan porcentajes desproporcionados de sus pensiones a cubrir alquileres en constante aumento o a brindar asistencia económica a sus familiares. 

Las plataformas convocantes señalaron que la crisis habitacional no responde a un conflicto intergeneracional, sino a deficiencias estructurales en las políticas públicas.

​Asimismo, la movilización puso de relieve la creciente preocupación por el volumen de lanzamientos judiciales en el país. 

Es importante mencionar que, a excepción de Cataluña —que encabeza las estadísticas nacionales por su elevado volumen poblacional e inmobiliario—, las comunidades autónomas que acumulan el mayor número de desahucios y ejecuciones en España están gobernadas por el Partido Popular como la Comunidad Valenciana, Andalucía y la Comunidad de Madrid, regiones donde además se han rechazado los mecanismos de contención de precios previstos en la legislación estatal de vivienda.

​Petición de auditoría y exigencias ante el 29-N

​Durante la marcha, los manifestantes exhibieron pancartas con consignas como “Ni privatización ni recortes de servicios públicos”, “Subida de salarios y pensiones con IPC real» y «Blindar las pensiones públicas”.

​El portavoz estatal de COESPE, Damián Rodríguez, expresó la preocupación del colectivo ante la cita electoral de noviembre y reclamó el compromiso de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.

“Las pensiones cada día son menores con respecto al coste de la vida y eso se nota de forma dramática en nuestros hogares. Reclamamos que las prestaciones mínimas se equiparen al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que se realice de forma inmediata una auditoría pública del sistema para erradicar las pensiones de miseria”, aseveró Rodríguez.

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Los organizadores concluyeron el acto advirtiendo que mantendrán las acciones de protesta en las calles durante todo el período de precampaña para garantizar que la defensa de los servicios públicos, el empleo digno y la vivienda asequible figuren en el centro del debate político.

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