La defensa de Luisa González, excandidata presidencial y principal referente de Revolución Ciudadana, denunció una persecución judicial selectiva impulsada desde la administración de Daniel Noboa.

La dirigente fue arrestada el 22 de octubre y su equipo legal califica el procedimiento como una detención arbitraria. El cerco contra la oposición, afirman, escaló durante el fin de semana a niveles que tildan de alarmantes.

El abogado Diego Guarderas detalló las irregularidades en una entrevista con CNN y el punto de partida son los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico （UAFE）.

Guarderas aseguró que las cifras oficiales sobre supuestos fondos ilícitos se modificaron de manera arbitraria, con montos que oscilaron entre 6.000, 500.000 y 700.000 dólares, frente a los 204.000 reportados técnicamente.

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Simples discrepancias administrativas de campaña fueron presentadas, según la defensa, como lavado de activos, en contraste con el oficialismo refuerza la denuncia de un doble rasero institucional.

Mientras la líder opositora quedó encarcelada de forma exprés, el Consejo Nacional Electoral detectó inconsistencias por más de 408.000 dólares en la campaña de Acción Democrática Nacional （ADN）, el partido de Noboa, sin que la Fiscalía abriera investigación alguna, esa asimetría, advirtió el jurista, evidencia la parcialidad con la que opera el sistema de justicia ecuatoriano.

A González solo se le comunicaron los cargos 30 minutos antes de la audiencia de formulación, que además se celebró ante jueces incompetentes por ignorar el fuero provincial de otros coimputados. La defensa habla de una detención arbitraria ejecutada sin respetar las garantías básicas.

La detención derivó después en un traslado que el equipo legal califica de clandestino. Una orden judicial había fijado la reclusión en Quito para resguardar los derechos de su hijo menor y de su padre, enfermo renal.

Pese a ello, las autoridades ejecutaron un operativo nocturno que la trasladó al penal de Riobamba, a cuatro horas de la capital, en una maniobra que obstaculiza su defensa técnica. El desacato a la disposición de la jueza figura entre las violaciones más graves que denuncia el abogado.

Guarderas encuadró todo el expediente en una maniobra del Ejecutivo para neutralizar a las figuras punteras de la alternativa popular. La detención de González se inscribe, según su equipo, en un cerco judicial contra la oposición que se ha intensificado durante la administración de Noboa y que golpea a quienes disputan el poder al oficialismo.

El caso contra la excandidata se apoya en informes que la propia defensa tacha de sesgados. La UAFE habría manejado cifras variables según la etapa del proceso, sin un respaldo técnico que las justifique, y confundió los registros contables de la campaña con la tipificación penal que ahora se le imputa. Esa manipulación, sostiene Guarderas, desmonta el fundamento jurídico de la acusación.

Revolución Ciudadana denuncia una persecución política que apunta a inhabilitar a su principal carta electoral. González, que ya disputó la presidencia, se convirtió en el blanco de una ofensiva judicial que su entorno vincula con el calendario político y con el avance del oficialismo en el control de las instituciones del Estado.

La defensa anunció que presentará recursos para revertir el traslado y para denunciar las violaciones a las garantías procesales. El desenlace del caso definirá no solo la situación judicial de González, sino el margen de acción de la oposición en Ecuador, el expediente queda en manos de los tribunales, con la atención puesta en el respeto al debido proceso.

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