El Gobierno de Javier Milei puso en marcha en Argentina un nuevo esquema de control migratorio que refuerza las capacidades de las fuerzas de seguridad federales y les otorga amplias facultades operativas para intervenir en tareas de inteligencia, persecución, detención y eventual expulsión de extranjeros, incluso turistas, bajo sospecha de no contar con la documentación en regla.

La implementación de esta política, que permite institucionalizar la persecución contra extranjeros, se produce en un contexto de endurecimiento de los controles migratorios promovidos por el Ejecutivo. En los últimos meses, funcionarios del área de Seguridad habían manifestado públicamente la intención de profundizar las acciones destinadas a identificar y expulsar a extranjeros involucrados en actividades delictivas o que permanecieran en territorio argentino sin la documentación correspondiente.

La decisión ha generado cuestionamientos de sectores sociales y políticos. La Iglesia católica argentina expresó su preocupación por el efecto de la medida sobre la población migrante. Durante el Tedeum del 25 de mayo, y posteriormente en un encuentro nacional de obispos, representantes eclesiásticos consideraron que algunos operativos parecían responder más a objetivos de comunicación política que a una política pública centrada en la protección de derechos.

Advirtieron que las modificaciones en los procesos de regularización migratoria y los cambios en las categorías administrativas podrían incrementar la incertidumbre entre los extranjeros residentes, dificultando el acceso a documentación, servicios de salud, educación y empleo formal.

Pese a las críticas, el Gobierno defendió la iniciativa y argumentó que el fortalecimiento de los controles busca mejorar la seguridad, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y optimizar la gestión de los flujos migratorios en el país.

La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad, se enmarca en una línea de políticas inspirada en las cacerías migratorias del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, ejecutadas por ICE y otros cuerpos de seguridad en EE.UU. Establece un marco formal para coordinar acciones entre los organismos de seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones, con el objetivo de vigilar y castigar a extranjeros.

El denominado Programa de Seguridad Migratoria fue oficializado mediante la Resolución 551/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La iniciativa contempla la creación de unidades de seguridad migratoria dentro de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

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Según la normativa, estas dependencias actuarán en colaboración con la Dirección Nacional de Migraciones y desarrollarán tareas relacionadas con la prevención de delitos migratorios, la preservación del orden en áreas de control fronterizo, la investigación de posibles irregularidades y el apoyo a los procedimientos administrativos vinculados con el ingreso y permanencia de extranjeros.

Además, el programa prevé la capacitación de agentes, inspectores y personal especializado para optimizar la detección de infracciones migratorias y fortalecer el trabajo conjunto en pasos fronterizos y otras dependencias distribuidas en todo el país.

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