Unas 3.700 personas resultaron heridas durante las recientes protestas y acciones desestabilizadoras que sacudieron varias regiones de Irán, informó este lunes Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria iraní para la Seguridad Nacional y Política Exterior. “Según los informes a nuestra disposición, (la cifra) asciende a unos 3.700 afectados y heridos”, declaró Azizi, citado por la agencia Tasnim.

La cifra no es definitiva, ya que, según el legislador, algunos heridos no acudieron a centros médicos ni recibieron atención formal. Además, 250 escuelas, 300 mezquitas y 90 instituciones teológicas tradicionales sufrieron daños, mientras que 2.221 vehículos de las fuerzas del orden y de la milicia Basij fueron destruidos o averiados durante los disturbios.

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Las movilizaciones iniciaron a finales de diciembre de 2025, impulsadas por la difícil situación económica del país, que tras años de sanciones occidentales registró una inflación anual cercana al 39% y una depreciación acelerada del rial iraní, que pasó de 50.000 por dólar en mayo de 2018 a más de 1,4 millones al cierre de 2025.

Teherán acusó a Estados Unidos e Israel de orquestar las protestas y armar manifestantes. El 13 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su apoyo a los manifestantes, prometiendo que “la ayuda está en camino” e instándolos a tomar instituciones del Estado.

En respuesta, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Irán atacaría objetivos israelíes y bases militares estadounidenses en Oriente Medio si sufre una agresión.

Trump replicó con una amenaza de represalia “con una fuerza que nunca antes han experimentado” y anunció un arancel del 25% a países que comercien con Irán.

En este contexto, el pasado jueves el ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, denunció que algunos de los participantes en los recientes disturbios armados registrados en el país recibieron pagos directos por ejecutar actos terroristas, asesinatos e incendios provocados. 

Según precisó el titular, las investigaciones revelaron la existencia de reuniones donde se establecieron tarifas específicas para el sabotaje: el asesinato de una persona se pagaba con 500 millones de tomanes, el incendio de un vehículo con 200 millones y el ataque a comisarías con 80 millones.

Nasirzadeh informó sobre la detención de un individuo que acumuló más de 6.000 dólares mediante estas actividades delictivas, lo que confirma la instrumentalización de la violencia financiada desde el exterior. 

Por su parte, el canciller Abbas Araghchi explicó que las protestas iniciadas en diciembre de 2025 comenzaron con reclamos económicos legítimos de sectores sindicales, pero derivaron en una segunda etapa de desestabilización tras la aparición de grupos terroristas entre el 8 y el 10 de enero.

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