Dos multitudinarias marchas estudiantiles recorrieron este jueves las calles de París, concentrándose en la Plaza de la Bastilla y en el sector de Châtelet, en el marco de una nueva jornada de movilización promovida por organizaciones de enseñanza secundaria y universitaria.

La comunidad educativa exige la asignación inmediata de 10.000 millones de euros (más de 11.200 millones de dólares) para el presupuesto de la educación pública, la reforma del sistema de ingreso universitario Parcoursup y la designación urgente de docentes para cubrir las aulas vacantes, en un escenario de profunda tensión social y económica en la nación europea.

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Las manifestaciones en la capital contaron con el respaldo del bloqueo del 90 por ciento de los planteles y universidades del país, consolidando un proceso de lucha de largo aliento que refleja la convicción de sectores populares por transformar la realidad social y defender los bienes comunes frente a los recortes presupuestarios del Gobierno de Emmanuel Macron.

Frente a la contundencia de las protestas en las calles, la respuesta ofrecida por el Gabinete del primer ministro Sébastien Lecornu fue calificada por la dirigencia juvenil como un intento de evasión sin soluciones concretas.

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Desde la Plaza de la Bastilla, la portavoz de la Unión de Estudiantes, Sabrine Kharbach, y el presidente del Sindicato de Escuelas Secundarias (USL), Ryad Rani, denunciaron la falta de voluntad política del Ejecutivo para resolver la crisis educativa, asegurando que las fuerzas estudiantiles mantendrán la presión de manera indefinida hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas y atendidas.

Violencia estatal, respaldo popular y huelga nacional para el 13 de octubre

La jornada estuvo marcada por graves denuncias sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de los cuerpos policiales para disolver las concentraciones pacíficas. Los gendarmes provocaron heridas de gravedad a varios adolescentes. Uno de ellos sufrió la pérdida de la visión en un ojo, otro tuvo fracturas faciales y un tercero perdió una mano cuando intentó agarrar una granada policial, incidente aún no explicado de manera oficial.

Esta violenta represión motivó la incorporación masiva de madres y padres a las columnas de manifestantes con el objetivo de proteger la vida de sus hijas e hijos. Asimismo, se conoció la apertura de una investigación judicial en Marsella contra efectivos policiales por agresiones con armas de fuego que dejaron a un estudiante lesionado en la cabeza en el instituto Marie-Curie.

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Pese a los constantes intentos de las autoridades gubernamentales por estigmatizar y criminalizar la protesta social a raíz de incidentes registrados en ciudades como Lyon, el movimiento estudiantil cuenta con un amplio respaldo en la opinión pública: el 72 por ciento de la ciudadanía considera legítimas las demandas y el 55 por ciento apoya el derecho a la movilización.

Ante la cerrazón del Gabinete galo, el frente intersindical conformado por la Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Solidaires, la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) y la Unión de Estudiantes convocó a un gran paro nacional y a una huelga general educativa para el próximo martes 13 de octubre, unificando las banderas del estudiantado con las luchas de la clase trabajadora, los agricultores, los bomberos y el personal de salud en todo el territorio francés.

La movilización estudiantil en Francia continúa extendiéndose por todo el territorio nacional, golpeando a más de 1.000 institutos y provocando el bloqueo total de al menos 222 centros de enseñanza secundaria y 30 sedes universitarias en ciudades como París, Lyon, Dijon, Estrasburgo, Lille, Marsella, Rennes y Nantes.

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El trasfondo de esta insurrección estudiantil se enmarca en la desesperanza económica de las nuevas generaciones, afectadas por una tasa de desempleo juvenil superior al 21 por ciento, y en el rechazo generalizado al severo plan de austeridad impulsado por la administración central.

Dicho plan contempla un recorte presupuestario de 54.000 millones de euros para 2027, el congelamiento de partidas sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos con el objetivo de reducir el déficit fiscal, medidas que unificaron la indignación de la juventud con el descontento de la clase trabajadora en las calles.

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