La crisis del costo de vida y el severo encarecimiento del mercado inmobiliario han desatado una ola de protestas y disturbios en Portugal, donde miles de ciudadanos volvieron a tomar las calles de Lisboa, Oporto y otras ciudades clave en el marco de una semana marcada por acampadas urbanas, desalojos policiales y decenas de heridos y detenidos.

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Las movilizaciones se inscriben en un descontento generalizado que recorre varios puntos de Europa ante la inflación acumulada, el descontento político y los precios de la vivienda, un escenario que ha llevado a las organizaciones convocantes a impulsar la celebración de una «huelga general ibérica» fijada para el próximo 11 de noviembre.

El epicentro de la tensión se concentró en la Plaza D. Pedro IV (Rossio), en la capital portuguesa, y en la Praça D. João I, en Oporto; tras la instalación de tiendas de campaña en ambas zonas céntricas, efectivos de la Policía de Seguridad Pública (PSP) desplegaron operativos de desalojo que derivaron en choques directos cuando las fuerzas de seguridad emplearon porras, balas de goma y perros para dispersar a los manifestantes.

De acuerdo con el balance oficial de la PSP y la cadena estatal RTP, las operaciones dejaron un saldo de 31 personas detenidas por desobediencia —25 en Lisboa y 6 en Oporto— y al menos 33 heridos.

Por su parte, los colectivos organizadores denuncian una cifra de lesionados superior a los datos institucionales, señalando al menos 37 afectados únicamente en el enclave de Oporto. Las protestas se replicaron en localidades como Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Évora, Beja y Faro.

Los manifestantes reclaman la derogación de la nueva ley de alquiler promovida por el Ejecutivo conservador del primer ministro Luís Montenegro, la suspensión inmediata de desahucios y demoliciones, un incremento sustancial de la vivienda pública social y la imposición de topes a los precios del alquiler.

Las medidas gubernamentales buscan flexibilizar los límites de subida anual y agilizar las expulsiones para incentivar la oferta de los propietarios, iniciativas calificadas de «inhumanas» por la oposición y los movimientos sociales.

Las críticas se han intensificado tras recientes declaraciones de autoridades del sector inmobiliario cuestionando la capacidad de sacrificio de la población actual.

De igual manera, manifestantes en Lisboa y Oporto replicaron, señalando la necesidad de pluriempleo para afrontar las hipotecas, coreando consignas como «la vivienda es un derecho, no un lujo» y «alquileres de lujo, sueldos de basura«, apoyados por figuras públicas del ámbito cultural en asambleas populares nocturnas.

El conflicto social responde a un deterioro progresivo del sector habitacional en el país ibérico; según datos de Eurostat, los precios de compraventa de vivienda en Portugal se incrementaron un 180 por ciento entre 2015 y 2025, lo que representa el segundo mayor aumento registrado en la Unión Europea.

En el segmento del alquiler, los costes subieron casi un 30 por ciento entre 2015 y 2024, prácticamente duplicando el promedio europeo del 16,8 por ciento.

Estimaciones del Banco de Portugal señalan un déficit estructural de al menos 300.000 viviendas en el país, combinado con una baja inversión institucional en inmuebles residenciales de apenas el 5 por ciento.

A pesar de existir más de 700.000 viviendas desocupadas y más de un millón de residencias secundarias registradas, la escasez de oferta formal y la proliferación de contratos no declarados continúan impulsando los precios al alza y alimentando la conflictividad social en el territorio portugués.

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