La Policía ecuatoriana detuvo este 22 de octubre a Luisa González, dos veces candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, en un operativo con allanamientos simultáneos en Pichincha y Manabí, y horas más tarde la trasladó al Cuartel Modelo de Guayaquil. Con ella quedó detenida su asistente, Estefanía Molina. El expresidente Rafael Correa y la dirigencia del partido denunciaron una detención ilegal; Gabriela Rivadeneira, presidenta de la organización, habló de «arbitrariedad y secuestro».

La Fiscalía la vincula al caso Caja Chica, también conocido como Laberinto, que investiga el supuesto ingreso de dinero venezolano en la campaña presidencial de 2023.

Faltan cinco semanas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en las que la Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición del país, no podrá presentar candidatos con su sigla, y quien siga de cerca el expediente notará que en Ecuador el calendario judicial y el electoral avanzan con una sincronía difícil de atribuir al azar.

Un expediente de tres días

La investigación previa se abrió el 27 de enero de 2026 por delincuencia organizada con fines de lavado de activos, delitos que tipifican los artículos 369 y 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según la tesis fiscal, una estructura organizada hizo llegar efectivo desde Venezuela, en montos fraccionados y ocultos al control electoral, al binomio que formaron Luisa González y Andrés Arauz en la elección extraordinaria de 2023; entre los investigados figuran también Correa y varios exfuncionarios de su gobierno, y Arauz vive hoy asilado en México.

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— Revolución Ciudadana (@RC5Oficial) October 22, 2026

Tres días después de abierta la causa, el 30 de enero, el exasambleísta Santiago Díaz Asque, que había manejado las finanzas de aquella campaña, pasó cinco horas en la Fiscalía de Quito y declaró que trasladó dinero desde Venezuela «por disposición del presidente (Rafael) Correa». Sobre ese testimonio se construyeron los montos y la ruta que hoy rastrean los fiscales.

Vinieron después los allanamientos a la sede de la Revolución Ciudadana en Quito y a los domicilios de los investigados, el de González dos veces en lo que va del año. Los teléfonos y computadoras incautados siguen bajo peritaje.

El testigo

Cuando se sentó frente a los fiscales, Díaz ya enfrentaba un proceso por la violación de una niña de 12 años, delito por el que un tribunal lo condenó el 8 de mayo a 29 años y cuatro meses de prisión. La Revolución Ciudadana lo había expulsado al conocerse la acusación, y de ahí que González y Correa atribuyan su «colaboración» al resentimiento; según la excandidata, el propio Díaz habría admitido que se sentía abandonado por el partido. Correa fue más lejos y acusó al Gobierno de usar «a un acusado de violación» para montar «shows baratos».

Atención:

— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) October 22, 2026

A medida que se conocieron los detalles de su versión, los defensores de los investigados fueron encontrando grietas. Diego Guarderas, abogado de Correa y de González, advirtió que Díaz sitúa entregas en abril de 2023, cuando González era asambleísta y aún no había campaña, porque la elección anticipada se convocó en mayo de ese año. Gabriel Rivera, defensor de Arauz, señaló que las fechas, los montos y los lugares chocan con lo declarado por la esposa y el chofer del testigo.

Para los abogados de los investigados, la versión resulta «contradictoria, sin sustento y confusa». Rivadeneira añade que la suma en disputa ronda los 6000 dólares, justificados y con la multa ya pagada.

Al relato le pesa además la fecha en que apareció, porque en septiembre de 2024, cuando la Asamblea Nacional pidió al Ejecutivo solicitar a la Corte Penal Internacional órdenes de captura contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, nadie mencionó dinero venezolano para el correísmo; la historia surgió en enero de 2026, el mismo mes en que fuerzas estadounidenses secuestraron al mandatario venezolano para juzgarlo sin pruebas en Nueva York. Una causa nacida en ese contexto, sostenida por un testigo condenado por violación y acelerada en plena campaña, reúne los rasgos que América Latina aprendió a reconocer en la última década.

El molde del lawfare

Juristas y movimientos sociales de la región llaman lawfare al uso del aparato judicial, con respaldo mediático, para desgastar, inhabilitar o encarcelar a adversarios políticos.

Brasil lo vivió con Luiz Inácio Lula da Silva, preso 580 días por una condena que el Supremo Tribunal Federal anuló después, y Argentina lo vive con Cristina Fernández de Kirchner, condenada e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. En Ecuador, el antecedente más cercano ocurrió en abril de 2024, cuando fuerzas de seguridad irrumpieron en la embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, un asalto que llevó a México a romper relaciones y a demandar al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.

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Que el método no distingue banderas lo comprobó la vicepresidenta Verónica Abad, electa en la fórmula de Noboa y enfrentada con él desde el inicio del mandato, que en abril de 2024 acusó al presidente de recurrir al lawfare para apartarla del cargo. Abad ubicó el origen de la presión en la detención de su hijo, Francisco Barreiro, procesado por oferta de tráfico de influencias en el llamado caso Nene y enviado a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, y lo calificó como «un claro abuso de poder de fiscales y jueces».

Entre los fiscales que intervinieron en aquel caso estaba Carlos Leonardo Alarcón, quien desde noviembre de 2025 dirige como encargado la Fiscalía General del Estado, adonde llegó tras una cadena de subrogaciones que la prensa ecuatoriana atribuye a la voluntad política de Carondelet.

En su trayectoria figuran una causa contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, opositor al Gobierno, y el archivo exprés de un pedido de investigación del excandidato Yaku Pérez por presunto tráfico de influencias a favor de la minera canadiense Dundee Precious Metals.

Antes de que exista un solo fallo sobre el fondo, el expediente ya dejó a la Revolución Ciudadana fuera de la contienda. El Código de la Democracia prohíbe financiar campañas con recursos de gobiernos extranjeros o de origen ilícito, y con base en esa norma el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió al partido por nueve meses en marzo, una decisión que ratificó en abril y que le impidió inscribir candidaturas para las seccionales. Si una sentencia ejecutoriada confirma el lavado de activos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) podría cancelar su registro.

Para sus dirigentes el cerco es todavía más estrecho, porque la legislación ecuatoriana suspende los derechos políticos de quienes enfrentan una llamada a juicio por delitos graves, y una condena firme por delincuencia organizada o lavado de activos los dejaría inhabilitados de por vida para optar a cargos de elección popular. El desenlace judicial puede cerrarle al correísmo el camino hacia las presidenciales de 2029 antes de que empiece la carrera.

Una gestión a oscuras

El año en que se abrió el caso fue también el del desgaste de Noboa, aunque su magnitud depende de dónde se mida. En Quito y Guayaquil, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees) registró entre enero y julio de 2026 una caída del agrado hacia el presidente de 41 % a 24 % y de la calificación de su gestión de 37 % a 21 %, según su estudio del 25 y 26 de julio.

Las encuestas nacionales dibujan un deterioro más lento; la de Click Research, levantada en septiembre en diez ciudades, le otorga 43,9 % de aprobación frente a 49,5 % de desaprobación, y CB Global Data lo ubicó en octubre en 47,5 %, casi sin cambios respecto del mes anterior.

Lejos quedaba enero de 2024, cuando la declaratoria de «conflicto armado interno» contra las bandas criminales llevó su popularidad a picos cercanos al 82 %. Los apagones de hasta 14 horas diarias que padeció el país a fines de ese año y la represión constante a las movilizaciones de trabajadores, indígenas, campesinos y estudiantes fueron minando ese capital, hasta que el 16 de noviembre de 2025 los ecuatorianos le asestaron la primera derrota electoral de su carrera al rechazar en referéndum y consulta popular sus propuestas, entre ellas una asamblea constituyente y el regreso de bases militares extranjeras. No habían pasado dos meses cuando la Fiscalía abrió el caso Caja Chica.

Ni siquiera la seguridad, la bandera con la que Noboa ganó dos elecciones, resiste el balance de casi tres años de mano dura.

Desde que militarizó la seguridad interna y entregó a las Fuerzas Armadas el control de las cárceles, Ecuador cerró 2025 con un récord de homicidios y la tasa más alta de América Latina, y en las prisiones hubo más muertes violentas que en los dos años anteriores juntos, según un análisis publicado el 15 de octubre. Este año la violencia golpea sobre todo a los más jóvenes; entre enero y agosto se registraron 430 homicidios de menores de 18 años, la cifra más alta de la historia reciente según el Ministerio del Interior. Las capturas que el Gobierno exhibió como trofeos duraron poco, y a William Alcívar, alias Willy, cabecilla de los Tiguerones, la justicia española lo dejó libre en diciembre de 2025 porque Ecuador no presentó a tiempo las garantías que exigía su extradición.

El despliegue militar en calles y cárceles no logró frenar los delitos de alto impacto, pero ese mismo Estado, incapaz de cumplir un trámite para recuperar a un jefe criminal, armó en tres días la causa que hoy tiene detenida a Luisa González.

El 5 de octubre, en una entrevista radial, Noboa aseguró que los hogares no sufrirían apagones. «Por más que sueñen los odiadores que haya corte, no va a haber cortes», dijo. Ocho días después, cortes no programados dejaron a oscuras barrios de Guayaquil, Durán y Quito y zonas de cinco provincias, mientras el Ministerio de Ambiente y Energía ampliaba a 72 horas semanales las desconexiones a la industria, en medio de un estiaje que, según las proyecciones, se extenderá hasta marzo de 2027.

La Policía detuvo a González nueve días más tarde, y Rivadeneira habló entonces de una «cortina de humo judicial».

Con la campaña en marcha, la Fiscalía aceleró el proceso contra los principales dirigentes de la oposición, y la Revolución Ciudadana respondió con un pedido de medidas cautelares a la CIDH y un llamado a sus bases a las calles.

Luisa González ahora espera en el Cuartel Modelo la decisión de un juez, en una causa que descansa sobre un testigo desacreditado y a cinco semanas de unas elecciones de las que su partido ya quedó fuera.

Noboa, entre apagones, cárceles desbordadas y una aprobación que ya no alcanza a la mitad del país, sigue buscando la salida de un laberinto que los tribunales no resuelven, y la causa que mantiene presa a su principal rival lleva, por ironía, ese mismo nombre.

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