El Instituto de Política del Pueblo Judío (JPPI) advirtió que Israel enfrenta un “riesgo estratégico y sistémico” para su economía y su seguridad nacional debido a las 121 medidas restrictivas y sanciones adoptadas por 62 países en los últimos cuatro años, como respuesta directa a la guerra en Palestina y a la expansión de los asentamientos coloniales en Cisjordania.

​De acuerdo con un análisis del director de la institución, Shuki Friedman, al menos 93 de estas medidas continúan plenamente vigentes. El volumen de restricciones está encabezado por el sector financiero, seguido de cerca por los rubros de seguridad, defensa y comercio exterior, generando un impacto directo en el aparato productivo y en la comunidad académica israelí.

​Entre las decisiones sin precedentes adoptadas por la comunidad internacional destaca la prohibición de importar productos originarios de las colonias en Cisjordania y el Golán, medida impulsada activamente por Países Bajos, así como la imposición de sanciones personales contra ministros del Gobierno israelí.

Mientras que en el plano diplomático y financiero, ​Irlanda y Luxemburgo se negaron a colaborar en la emisión de bonos estatales israelíes dentro de la Unión Europea.

​El Reino Unido, Francia y Canadá anunciaron embargos y restricciones punitivas contra empresas operantes en Cisjordania, en medio de un rechazo frontal de Occidente al proyecto de colonización «E1».

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, ratificó ante la Cámara de los Comunes un paquete de sanciones contra colonos y estructuras coloniales.

La restricción holandesa derivó en una severa crisis diplomática luego de que Tel Aviv retirara las credenciales a diplomáticos de esa nación europea.

​Paralelamente, la multiplicación de boicots académicos y la suspensión de convenios científicos internacionales están ocasionando severos perjuicios a los proyectos de investigación en las universidades israelíes.

​La ilusión populista de la «autosuficiencia» militar

​El informe del JPPI desmonta la narrativa oficial sobre la independencia militar, revelando que la industria armamentística de Israel mantiene una dependencia crítica de componentes e insumos importados, careciendo casi por completo de sistemas complejos fabricados de forma autosuficiente.

​La aplicación internacional de restricciones a productos de doble uso, como microchips y componentes electrónicos avanzados, amenaza con estrangular la producción local de armamento. 

Además, la exigencia europea de verificar minuciosamente el origen de las mercancías amenaza con paralizar las importaciones, mientras el riesgo regulatorio acelera una preocupante fuga de capitales hacia otros mercados.

​El escenario de mayor gravedad

​Aunque potencias como Alemania dentro de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos en el plano global han evitado la imposición de las sanciones más drásticas, el informe advierte que esta protección se encuentra sujeta a eventuales giros políticos. 

En la legislación en Washington, existen iniciativas promovidas por legisladores demócratas para restringir la venta de armamento y la asistencia militar a Israel, las cuales podrían avanzar si logran mayorías en las comisiones legislativas.

Pese al eventual uso del derecho de veto por parte del presidente Donald Trump para frenar estas iniciativas, una Administración de distinto signo político en el futuro podría adoptar pasos definitivos en esa dirección.

El informe enfatiza que el escenario más grave implicaría la aprobación de sanciones multilaterales en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sin el bloqueo o veto de Estados Unidos, lo que transformaría la dependencia externa de Israel en un peligro de carácter existencial.

​El JPPI concluye planteando la urgencia de articular un mecanismo nacional de gestión económica, legal y política para mitigar el cerco internacional. Sin embargo, enfatiza que cualquier respuesta técnica resultará insuficiente sin una modificación estructural de las políticas sobre Cisjordania, cuya continuidad amenaza con aislar a la entidad incluso ante sus aliados más cercanos.

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Reino Unido impone sanciones comerciales a Israel por asentamientos ilegales en Cisjordania

El pasado 8 de septiembre, un bloque de 12 naciones occidentales, encabezado por el Reino Unido, Francia y Canadá, nunciaron la imposición coordinada de sanciones contra el Gobierno de Israel por la expansión ilegítima de colonias y los niveles sin precedentes de violencia ejercidos por colonos en la Ribera Occidental ocupada.

Las sanciones fueron dirigidas a prohibir la importación de productos originarios de dichos asentamientos, restricción a la que se sumaron España, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia mediante normativas nacionales o medidas respaldadas por la Unión Europea.

En el documento diplomático, las naciones firmantes rechazaron las acciones de anexión y el desplazamiento forzoso de la población autóctona, instando a Tel Aviv a detener la expansión territorial y garantizar la rendición de cuentas por los crímenes perpetrados en las zonas ocupadas.

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