La Justicia argentina ordenó este miércoles frenar el proyecto petrolero fuera de costa Sea Lion (León Marino) que la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper desarrollan en las Islas Malvinas, un archipiélago que el Reino Unido usurpa a Argentina desde 1833.

La jueza federal Mariel Borruto, con sede en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, admitió una medida cautelar solicitada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata (CECIM), la cual prohíbe a las compañías, «en cuanto de ellas dependa», iniciar, continuar o ejecutar obras materiales vinculadas al proyecto.

Esta prohibición incluye la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos, sistemas de fondeo y unidades flotantes de producción y almacenamiento de hidrocarburos, así como instalaciones terrestres y portuarias.

La restricción permanecerá vigente hasta que se complete el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional, conforme a la Ley General del Ambiente, o hasta que el tribunal disponga lo contrario. El juzgado exigió a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production que entreguen información detallada sobre el estado actual de las obras, cronogramas, nómina de contratistas, entidades financieras, aseguradoras y los estudios ambientales realizados.

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El proyecto offshore (costa afuera), planificado para iniciar la extracción de crudo en 2028, se sitúa en la cuenca petrolera Malvinas norte, a 220 kilómetros de las islas en el Atlántico sur, un área que Argentina considera parte de plataforma continental y de su histórico litigio por la soberanía.

Posturas encontradas y contexto legal

La acción judicial se suma a una denuncia penal presentada el 8 de septiembre ante el juez federal Julián Ercolini en Buenos Aires por parte del Gobierno argentino contra las petroleras operantes en el archipiélago.

Frente a estas medidas, Navitas sostuvo en un comunicado que sus operaciones se rigen por licencias «válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas» y que no prevé impactos significativos en el desarrollo de la iniciativa.

¿Por qué excombatientes exigen que la Cancillería argentina actúe de inmediato? Una ruta marítima chilena encendió la alerta y reavivó el reclamo sobre las Malvinas. Entra al enlace y conoce sus demandas ???? https://t.co/cZgWGlNzxz #Malvinas #Argentina #9Sep pic.twitter.com/IzgPAM4HT8

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 10, 2026

En una guía publicada el martes bajo el título «Haciendo negocios con las islas Malvinas», el Gobierno del Reino Unido afirmó que Argentina carece de jurisdicción para aplicar su legislación interna en el territorio. «El Reino Unido no encuentra fundamento alguno sobre el cual los tribunales de cualquier país fuera de Argentina pudieran ejercer legítimamente jurisdicción respecto de estas medidas», sostuvo Londres.

La demanda en Río Grande articula dos ejes principales: por un lado, la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental y autorizaciones gubernamentales exigidas por las leyes argentinas; por el otro, la vulneración de resoluciones de las Naciones Unidas relativas a acciones unilaterales en el área en disputa.

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