Los abogados defensores de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunciaron en conferencia de prensa la aparición de un documento clave que desmiente que la exmandataria haya buscado beneficiar al empresario Lázaro Báez. La defensa sostiene que la nueva documentación genera «un giro decisivo» en la causa Vialidad y demuestra que la sentencia que la condenó fue «absolutamente falsa» e «injusta».

El hallazgo surgió el pasado 6 de agosto a partir de la declaración de un funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de la causa «Cuadernos», quien aportó una planilla con el detalle del fideicomiso asignado a la infraestructura vial entre los años 2009 y 2015.

Según el análisis presentado por los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego y realizado por un grupo de economistas brasileños encabezado por Antonio Correa de la Cerda, durante ese período se destinaron más de 2.000 millones de dólares (2.200 millones en total) en inversión de obra pública. De esa suma, el Grupo Austral, vinculado a Báez, tuvo una participación de menos del 1 % (específicamente un 0,85%, correspondiente a 18 millones de dólares), posicionándose en un lugar muy relegado del ranking de licitaciones.

En contrapunto, la constructora más beneficiada fue IECSA S.A., fundada por Franco Macri y perteneciente a un primo del expresidente Mauricio Macri, con el 16,36 % del total (unos 360 millones de dólares).

La defensa sostuvo que estos datos desmienten la acusación sobre el uso del Decreto 54/2009 para favorecer a una empresa en particular y demuestran que la sentencia por el delito de administración fraudulenta en 51 licitaciones en Santa Cruz, conocido como la Causa Vialidad, fue absolutamente injusta.

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«Si se hubiesen hecho las medidas de prueba que habíamos ofrecido en su oportunidad, se hubiese demostrado que ese decreto era una norma de carácter general que no se había dictado para favorecer a ningún empresario: era simplemente una asignación de fondos para proveer financiamiento a las obras viales», enfatizó el abogado Carlos Beraldi.

La exmandataria cumple seis años de prisión en su casa con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que los jueces de la Corte Suprema ratificaran la condena.

✊ Centenares de argentinos respaldaron este martes a Cristina Fernández de Kirchner en el cuarto aniversario del intento de asesinato, mientras la ex mandataria saludaba desde el balcón. Máximo Kirchner reclamó que la Justicia responsabilice a los autores intelectuales del… pic.twitter.com/S5ZskI1M3F

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Frente al nuevo elemento probatorio, los representantes legales indicaron que impulsarán un recurso de revisión ante la Cámara de Casación en la Argentina para pedir la suspensión de la pena.

Asimismo, incluirán la documentación en la presentación radicada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo que prevé analizar el caso en el mes de octubre, mientras avanzan en una tercera vía orientada a la discusión política del proceso.

Lawfare contra la expresidenta Cristina Fernández

La presentación de esta nueva prueba se suma a una estrategia de defensa que, desde julio, viene denunciando la condena como un caso de «lawfare» o persecución política y judicial. La comunicación presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU —en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— denuncia ocho violaciones a los derechos fundamentales cometidas durante el proceso: entre ellas, la falta de imparcialidad de los jueces que intervinieron, la existencia de «mecanismos irregulares de asignación de causas» (forum shopping), la vulneración del principio de presunción de inocencia y la atribución a Cristina Kirchner de responsabilidad sobre actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente.

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Cristina Fernández sostuvo que la sentencia busca «impedir su participación en la vida política» y calificó el fallo como un intento de «proscripción perpetua». También denunció lo que definió como «machismo estructural» en el Poder Judicial, al señalar que, a lo largo de cuatro instancias del proceso, no coincidió con ninguna jueza ni fiscala mujer. Junto al reclamo de fondo, la defensa solicitó medidas cautelares urgentes: la suspensión de la inhabilitación perpetua y una flexibilización de las condiciones de la prisión domiciliaria, que incluyen el retiro de la tobillera electrónica y la eliminación de restricciones a las visitas.

Por su parte, el Centro Latinoamericano de Estudios Judiciales (CLAJUD) alertó sobre las condiciones de detención, que consejeros del Consejo de la Magistratura calificaron de «arbitrarias y discriminatorias» en comparación con otros condenados por delitos federales, incluidos casos de lesa humanidad y narcotráfico. El Grupo de Puebla convocó a organismos internacionales a hacer seguimiento del caso.

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