Un grupo de más de 100 juristas de reconocido prestigio internacional envió un contundente comunicado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciando la agresión belicista de Estados Unidos contra Venezuela y el Caribe, así como el reciente anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el “cierre total” del espacio aéreo venezolano.

Los firmantes calificaron estas acciones como “actos de injerencia, la imposición de medidas coercitivas unilaterales y una agresión directa que atenta contra la soberanía y el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano”, y advirtieron que ponen en riesgo a toda la región caribeña.

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Entre los firmantes destacan figuras como Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Argentina); Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas (Argentina); Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional de España; y Roberto de Figueiredo Caldas, exjuez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Brasil), además de representantes de diversas organizaciones jurídicas regionales y globales.

El comunicado subraya que, desde septiembre de 2025, “la agresión bélica unilateral y las constantes amenazas de Estados Unidos, bajo el pretexto de la seguridad regional y la lucha antidrogas, han escalado significativamente”. En particular, los juristas señalan los ataques aéreos mortales en el mar Caribe contra buques y lanchas, que el gobierno de Trump atribuye al tráfico de drogas, sin aportar pruebas concluyentes.

“De acuerdo con lo analizado por un grupo de expertos de la ONU, los ataques estadounidenses contra naves en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, equivalen a ‘ejecuciones extrajudiciales’ y constituyen un crimen internacional”, afirmaron los abogados. Además, denunciaron que la situación ha alcanzado “niveles intolerables”, evidenciados en la suspensión de vuelos internacionales tras el aviso emitido por EE.UU. sobre “una actividad militar en aumento”, y en las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien propuso declarar al supuesto “Cartel de los Soles” como organización terrorista.

Los juristas rechazaron esta medida como una “absurda pretensión” destinada a justificar la “confesada intención del gobierno de Trump de apropiarse del petróleo venezolano”. En ese contexto, criticaron el anuncio de Trump en redes sociales sobre el “cierre total” del espacio aéreo venezolano, calificándolo como un acto de “sitio” que viola múltiples normas del derecho internacional.

Las acciones denunciadas vulneran principios fundamentales del derecho internacional y regional, entre ellos: la soberanía estatal, la prohibición del uso de la fuerza (Carta de la ONU), la obligación de resolver controversias pacíficamente (Declaración de Manila), y el respeto a los derechos humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Asimismo, se señalan incumplimientos en materia de protección a migrantes, inviolabilidad diplomática, limitaciones a los métodos de guerra, prohibición de actos coercitivos contra la independencia de los Estados, y violaciones al Tratado de Tlatelolco, al Estatuto de Roma y a la Carta de la OEA.

Los firmantes recordaron que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) declaró a la región como “zona de paz”, por lo que rechazan cualquier acción belicista que amenace la vida y estabilidad de sus pueblos.

“Se exhorta al respeto irrestricto del Derecho Internacional y a que los tratados bilaterales, multilaterales y la Carta de la ONU sean la única vía legítima para resolver controversias de manera pacífica”, señala el documento. Además, se convoca a la comunidad jurídica internacional a vigilar y denunciar las violaciones que amenacen la estabilidad del Caribe y del mundo, y se rechazan las ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe atribuidas a fuerzas estadounidenses, consideradas violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional.

Los juristas demandan que los gobiernos condenen de forma clara las violaciones al Derecho Internacional y la violencia contra Venezuela y la región, y reafirman que la paz duradera solo puede alcanzarse mediante justicia social, equidad y respeto pleno a los derechos humanos y al derecho internacional.

Finalmente, los firmantes exigen a la Secretaría General de la OEA y a todos los Estados miembros expresar un “rechazo categórico” a estas acciones, advirtiendo que “el silencio debilita y pone en crisis la existencia misma del bloque regional”. Consideran que el deterioro de los principios fundacionales de la OEA “permite acciones que ponen fin al estatus pacífico latinoamericano, y que hoy son dirigidas a Venezuela, pero que continuarán contra otros países de la región”, tal como lo anticipó Donald Trump desde el inicio de su mandato.

Por ello, “requerimos también que convoque en forma urgente a una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a los fines antes detallados”, y concluyen que “los mandatarios de los países del bloque tienen el deber de exigir la paz al gobierno del país unilateralmente agresor, es decir, a Estados Unidos, en defensa de los intereses de los pueblos de América y el mundo”.

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