Pese a oposición de Lula, EE.UU. designa a pandillas de Brasil como terroristas
Sin pudor alguno, Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro, pidió a Trump designar como terroristas a los grupos para sacar réditos electorales
Detenidos en una operación policial contra el Comando Vermelho, en Río de Janeiro, en octubre del 2025. Foto: EFE
29 de mayo de 2026 Hora: 14:20
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Siguiendo un patrón utilizado para cometer injerencia y violar soberanías, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir del 5 de junio, incluirá a los grupos criminales brasileños Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, mientras que desde este jueves ambos grupos ya figuran como “Terroristas Globales Designados Especialmente”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a estas organizaciones como “dos de las organizaciones criminales más violentas en Brasil”, con influencia extendida en América Latina y Estados Unidos, dijo. Según Washington, ambas estructuras cuentan con miles de integrantes y han perpetrado “ataques brutales contra agentes de la Policía, funcionarios y civiles”.
Rubio afirmó que la Administración estadounidense utilizará “todos los medios a su disposición para proteger nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional”, incluyendo acciones dirigidas a cortar los flujos financieros vinculados al narcotráfico.
La medida se adoptó pese a la oposición del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha insistido en que no se confunda crimen organizado con terrorismo, y menos que esa «confusión» generada deliberadamente sirva a un proyecto político que defiende la injerencia y la violación de la soberanía.
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Durante meses, la Administración Trump hostigó a Venezuela —nombró terrorista a un grupo criminal extinto, el otrora Tren de Aragua, y a continuación creó la fábula del Cártel de los Soles— y mantiene las presiones contra México (en este caso, clasificó como organizaciones terroristas al Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Golfo, el Cartel del Noroeste, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana). Cínicamente, se usa la «designación» para alegar que los Gobiernos son débiles ante el crimen organizado, lo cual extiende a Washington una patente de corso para tomar acciones por su cuenta.
Primeras reacciones
El Gobierno brasileño rechazó la medida y la calificó como “inaceptable”, al considerar que puede servir de “pretexto para una intervención externa”. Desde Brasilia, las autoridades subrayaron que la designación entra en conflicto con su marco legal.
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El asesor especial para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, señaló que “equiparar crimen organizado al terrorismo no es útil” y reiteró que la legislación brasileña define el terrorismo en función de motivaciones como la xenofobia o el prejuicio, no por fines económicos.
En una nota oficial, Amorim sostuvo que “la cooperación internacional es bienvenida, especialmente en temas como lavado de dinero y contrabando de armas”, pero advirtió que “el pretexto para la intervención es inaceptable”. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva defiende una estrategia centrada en la asfixia financiera del crimen organizado y la cooperación internacional, rechazando la militarización del combate al narcotráfico.
Impacto político en Brasil
El anuncio se produce a cuatro meses de las elecciones presidenciales en Brasil, donde se prevé un enfrentamiento entre el presidente Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo.
La decisión estadounidense ocurre apenas dos días después de que el presidente Donald Trump sostuviera un encuentro privado en la Casa Blanca con Flávio Bolsonaro. Según el propio senador, solicitó la inclusión del PCC y el Comando Vermelho en la lista de organizaciones terroristas, a lo que Trump respondió que lo estudiaría. Tras el anuncio, Flávio Bolsonaro expresó en redes sociales: “Mientras Lula fue a arrodillarse ante Trump para hacer lobby a favor del CV y del PCC, yo fui a trabajar para que sean tratados como terroristas”.
Desde el oficialismo brasileño, la secretaria de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, criticó la postura del senador y afirmó que “la familia Bolsonaro demuestra ser una traidora a la nación, celebrando la injerencia estadounidense en Brasil”.
Hoffmann defendió las políticas del Gobierno y destacó acciones como la Operación Carbono Oculto II, que desmanteló esquemas financieros del PCC, subrayando que el combate al crimen se realiza “sin demagogia, sin mentiras y sin rendir pleitesía a otras naciones”.
Reuniones diplomáticas recientes
La medida también se enmarca en una serie de encuentros recientes entre autoridades de ambos países. Menos de tres semanas antes, Lula se reunió con Trump en el Despacho Oval, donde argumentó que designar a estas bandas como terroristas sería un error.
Durante esa reunión, el mandatario brasileño expresó que su país está dispuesto a cooperar en la lucha contra el crimen organizado, pero se opone a que estas organizaciones sean clasificadas como terroristas por Estados Unidos.
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Alcance legal y efectos
Especialistas señalan que la designación tiene limitado impacto jurídico en Brasil, pero importantes consecuencias políticas. Ignacio Cano, director del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, explicó que “desde el punto de vista legal, no tiene ningún impacto”.
Sin embargo, Cano advirtió que la medida es “muy significativa desde el punto de vista político” y la calificó como “una ficción política para presentar al Gobierno de Lula como débil ante el crimen organizado”.
La inclusión en listas terroristas puede implicar sanciones financieras, afectando incluso a entidades que mantengan vínculos indirectos con estas organizaciones, lo que genera preocupación en el Gobierno brasileño.
Antecedentes y controversias
La decisión se suma a una tendencia creciente de EE.UU. de incluir organizaciones del narcotráfico latinoamericano en listas de terrorismo. Entre los casos citados figura el denominado Cartel de los Soles, fábula creada por autoridades estadounidenses para vincular al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con supuestas actividades ilícitas, una acusación que Caracas ha rechazado categóricamente.
Dicha designación fue empleada por la administración de Trump como argumento legal para justificar una operación militar que derivó en el secuestro del mandatario venezolano y de la primera combatiente, Cilia Flores, el pasado 3 de enero (a la postre, presentada como una «operación policial». Ambos fueron trasladados por la fuerza a Nueva York, donde permanecen secuestrados mientras se desarrollo un proceso judicial amañado y sesgado políticamente contra ambos.
La calificación de presuntas bandas criminales como organizaciones terroristas ha sido empleada por el Gobierno estadounidense para justificar operaciones militares contra presuntas “narcolanchas” en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental, a miles de millas de EE.UU.. Hasta la fecha, Washington no ha presentado pruebas públicas que respalden que dichas embarcaciones o sus tripulantes mantuvieran vínculos con actividades de narcotráfico, lo que ha intensificado el debate sobre la legalidad y legitimidad de estas operaciones.
Según estimaciones de medios estadounidenses, EE.UU. ha bombardeado cerca de 60 embarcaciones —en lugar de detenerlas y respetar la vida de sus tripulantes— y ejecutado extrajudicialmente a unas 200 personas.
Legisladores demócratas estadounidenses, encabezados por Jim McGovern, han advertido sobre los riesgos de esta política. En una carta dirigida a Marco Rubio, señalaron que el uso excesivo de estas designaciones podría “debilitar los esfuerzos para luchar contra el crimen organizado”. También expresaron preocupación por su posible utilización para justificar “ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico oriental”.
Origen y expansión de las organizaciones brasileñas
El Primeiro Comando da Capital (PCC) surgió en la década de 1990 en una prisión de São Paulo con el objetivo de defender derechos de los reclusos. Con el tiempo, evolucionó hacia una estructura dedicada al narcotráfico, con aproximadamente 40.000 miembros y presencia en América Latina, Europa y África.
El Comando Vermelho, originado en cárceles de Río de Janeiro, cuenta con cerca de 30.000 integrantes armados. Ambas organizaciones operan en múltiples territorios urbanos y penitenciarios, consolidando redes de influencia en todo Brasil. Durante los últimos 15 años, estas facciones han expandido su alcance territorial y su capacidad operativa, consolidándose como actores clave del crimen organizado en la región.
Operativo para capturar a algunos de los cabecillas del Comando Vermelho en una calle de Río de Janeiro, Brasil. Foto: EFE
Estrategia de seguridad del Gobierno brasileño
El 12 de mayo, el presidente Lula da Silva anunció el programa Brasil contra el Crimen Organizado, orientado a fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno para combatir organizaciones delictivas.
La iniciativa se estructura en cuatro ejes: asfixia financiera del crimen organizado, refuerzo de la seguridad en el sistema penitenciario, mejora en la investigación de homicidios y combate al tráfico de armas y explosivos.
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El objetivo es actuar tanto sobre los ejecutores como sobre las estructuras económicas que sostienen estas organizaciones. Lula afirmó que el programa permitirá enfrentar el crimen “desde la esquina hasta el piso más alto del edificio más alto del país”, destacando que los responsables no son “el pobre, el negro o el desempleado”, sino actores con alto poder económico.
Implicaciones regionales
La designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas refuerza la política estadounidense de vincular el narcotráfico con el terrorismo, una categoría que no es reconocida de la misma forma en otros países de la región. Brasil sostiene que estas organizaciones son redes criminales con fines lucrativos, no ideológicos, lo que fundamenta su rechazo a la medida.
A su vez, los demócratas también recuerdan que el gobierno de Trump ya recurrió en el pasado a sanciones para interferir en los asuntos internos brasileños, como la que le impuso al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes después de que el magistrado condenara a Jair Bolsonaro por intentar un golpe tras las elecciones de 2022 que dieron la victoria a Lula.
Autor: teleSUR-asm - JDO
Fuente: Agencias
