Jueza Torres sella anexos del alegato de inmunidad soberana de Maduro
El memorando público de la defensa sostiene que el presidente venezolano no puede ir a juicio en Nueva York porque gobernaba Venezuela cuando lo secuestraron y los cargos describen actos de Estado.
Foto: EFE.
18 de noviembre de 2026 Hora: 13:33
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La jueza Analisa Torres, del Distrito Sur de Nueva York, autorizó el 16 de noviembre que ciertos anexos y partes del material presentado por la defensa del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro quedaran bajo sello, aunque el memorando que sustenta el pedido de inmunidad soberana ya circula en su versión testada.
El documento de 72 páginas, que los abogados Barry J. Pollack y Anna Estevao presentaron el 9 de noviembre, pide desestimar «con perjuicio» la quinta acusación sustitutiva, lo que impediría a la Fiscalía volver a presentar los cargos. Su tesis central es que «el señor Maduro no puede ser obligado a ir a juicio porque está protegido por la inmunidad soberana extranjera».
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Para sostenerlo, la defensa invoca la inmunidad de jefe de Estado, porque Maduro «era el jefe de Estado en ejercicio de Venezuela cuando el Gobierno lo secuestró ilegalmente», y la inmunidad por actos oficiales, ya que los cargos se basan en lo que habría hecho como «alto funcionario del Gobierno venezolano».
La jueza Torres asumió el expediente tras la muerte del juez Alvin Hellerstein y tiene prevista para el 17 de diciembre una audiencia sobre inmunidad soberana.
Un presidente en ejercicio el día del secuestro
Según el memorando, la propia acusación reconoce que Maduro llegó a la presidencia por sucesión constitucional en 2013 y que, aun después de 2019, siguió ejerciendo «los poderes de la presidencia venezolana». Para la defensa, esa condición basta para la inmunidad, aunque Washington lo haya calificado de «ilegítimo».
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El escrito recuerda que el Gobierno estadounidense mantuvo contactos directos con Maduro después de la ruptura de 2019, entre ellos la reunión del enviado especial Richard Grenell en Caracas, en enero de 2025, y una conversación telefónica con Donald Trump a finales de ese año.
En Naciones Unidas, la Asamblea General aceptó las credenciales del Gobierno de Maduro en cada sesión desde 2019. En diciembre de 2025, apenas Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay acompañaron a Estados Unidos en su negativa.
Después del secuestro del 3 de enero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia encargó la Presidencia a Delcy Rodríguez sin declarar vacante el cargo. Washington la reconoció y restableció las relaciones diplomáticas, una postura que el memorando califica de «ilógica, en el mejor de los casos», porque Maduro la designó vicepresidenta tras las mismas elecciones que Estados Unidos desconoce.
La defensa sostiene que la inmunidad se mide el día del arresto y que Venezuela nunca renunció a ella. El 5 de enero, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el embajador Samuel Moncada denunció el secuestro como una violación de la inmunidad personal de los jefes de Estado.
Cargos basados en actos de Estado
La segunda inmunidad protege a funcionarios por lo que hicieron en nombre del Estado. Según el escrito, la acusación no atribuye a Maduro ninguna conducta privada y cada imputación pasa por los cargos que ocupó como diputado, canciller, vicepresidente y presidente.
Entre los hechos que cita la Fiscalía figuran la venta de pasaportes diplomáticos cuando era canciller, reuniones con dirigentes de las FARC en el Palacio de Miraflores y la creación de un Comando Antigolpe en una reunión de gabinete televisada.
El cargo de conspiración para cometer torturas, que la Fiscalía añadió el 6 de octubre, exige que el acusado haya actuado «bajo el color de la ley», es decir, con autoridad pública. Para la defensa, al imputarlo, la Fiscalía reconoce que Maduro actuó como funcionario del Estado.
Una acusación que cambió tras el primer reclamo
La defensa había presentado una primera moción por inmunidad el 2 de septiembre contra la cuarta acusación, que describía a Maduro como el gobernante que «es ahora» el líder de facto de Venezuela. La quinta versión, aprobada antes de que el tribunal resolviera, pasó a decir que «fue anteriormente» presidente.
Según el memorando, el cargo de tortura se apoya en «acusaciones recicladas» y llegó más de nueve meses después del secuestro. Maduro y la diputada Cilia Flores, cuya defensa también reclama inmunidad, se declararon inocentes de los nuevos cargos.
Los abogados piden a la jueza que resuelva con criterio propio, sin limitarse a la postura del Ejecutivo, y cierran su argumento sobre la inmunidad presidencial con una comparación: «Este país no toleraría que otro país acusara a nuestro jefe de Estado de abuso de poder en sus tribunales nacionales, y mucho menos que lo secuestrara para llevarlo a su territorio a enfrentar esos cargos».
Autor: teleSUR: drb - RR
Fuente: Agencias




